Los intendentes de Tigre, Almirante Brown, Ezeiza, Rosario y Bariloche permanecen tranquilos ante los pedidos del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. El magistrado es quien analiza el rol de los jefes comunales que firmaron convenios con la Fundación Sueños Compartidos, de Madres de Plaza de Mayo, y quien ya les solicitó documentación para conocer de qué manera se utilizaron los fondos públicos.
Ante estos requerimientos, los intendentes conservan la calma. Tres de ellos, coincidieron ante el Diario PERFIL en asegurar que "ante las emergencias habitacionales, el Gobierno nacional te decía qué programa te correspondía", en respuesta a los funcionarios del Ministerio de Infraestructura que buscaron deslindar la responsabilidad de los contratos en los gobernadores e intendentes.
"El convenio que te daba para firmar Nación decía de antemano que la constructora era la Fundación. Estaba claramente especificado que financiaba el Gobierno nacional, construía la Fundación y controlaba el municipio", contó un intendente ante PERFIL.
"No tenés la libertad para contratar. Si nosotros contratáramos, deberíamos llamar a licitación pública como corresponde, pero acá te bajan el programa y te dicen: ‘A vos te tocó éste’ y como es una construcción que sólo tienen ellos, no tenés mucho para decir."
En cuanto al control que ejercieron los jefes comunales, aseguran que desde los municipios no se cometieron irregularidades y que ante las inspecciones "apenas se alcanzaban a ver algunos atrasos comunes, que existen en todas las obras", pero nunca se emitieron desde los Ejecutivos locales "certificados de avances de obra cuando éstas no estaban al día".
Por su lado, Mauricio Macri les pidió a sus funcionarios que buscaran la forma de frenar el traspaso de fondos para obras a cargo de las Madres. Aunque le aseguraron que los papeles están en orden y que los convenios para otorgar la construcción de viviendas fueron firmados en 2007, el jefe de Gobierno insistió con buscar la forma de esperar a que el tema se resuelva.
Según publica La Nación, en algunos de los convenios mencionados, se pagaron, según lo presupuestado hace 13 meses, 463.000 pesos, por ejemplo, por cada vivienda en Villa Lugano de 70 metros cuadrados, amueblada y equipada con heladera.
El medio explica que un convenio "en el que expresamente se refleja que las obras debían hacerse mediante una contratación directa con la Fundación Madres de Plaza de Mayo es el suscripto el 13 de abril de 2010 entre Fatala y la Corporación del Sur, un organismo de la ciudad de Buenos Aires, presidido por Humberto Schiavoni". En el total de acuerdos, se establece que la ciudad de Buenos Aires "iba a recibir de Planificación Federal 57.784.632 pesos, que iban a ser entregados a la fundación. Unos 44.546.632 pesos iban a estar destinados a construir 96 casas, infraestructura y equipamiento social. Si se divide ese dinero por la cantidad de viviendas, la cuenta da 464.027 pesos, unos 113.000 dólares", según expresa el matutino.
Desde 2008, habrían sido construidas 3100 viviendas. En los convenios, suscriptos entre la Subsecretaría de Obras Públicas de la Nación y el municipio, "está establecido no sólo el plazo y monto de la obra, sino también la modalidad de contratación, a saber, contratación directa".
