El discurso que brindó ayer Cristina Fernández de Kirchner al inaugurar el 128º período de sesiones ordinarias del Congreso dejó muchas repercusiones. La mandataria apuntó contra la oposición, los medios de comunicación (la "Argentina virtual") y algunos sectores productivos. Pero, en esta ocasión, uno de los más criticados fue el Poder Judicial.
"Faltan jueces que no fallen por la tapa de Clarín, sino por la ley", disparó la Presidenta en su discurso de casi 100 minutos. También sostuvo que algunos magistrados cobran por excarcelar a los detenidos, que "entran por una puerta y salen por la otra".
La respuesta no se hizo esperar. El abogado constitucionalista Ricardo Monner Sans, autor de varias denuncias contra el gobierno kirchnerista, pidió que se investigue a Cristina por "encubrimiento" del supuesto crimen que denunció ayer.
"Dijo la Presidenta que hay jueces que cobran por los fallos que dictan", sostiene Monner Sans en su presentación judicial. Según el abogado, si la Presidenta conociera que los jueces cometen delitos y no lo denunciara, estaría incurriendo en el delito de encubrimiento, que se castiga con prisión de tres meses a seis años.
La Federación Argentina de la Magistratura (FAM) también se sumó a las críticas contra Cristina. En un comunicado, firmado por su presidente Abel Fleming, la organización judicial expresó su "mayor preocupación" por las acusaciones de su discurso.
"La Ley obliga a todos los funcionarios a arbitrar los medios para poner fin a un delito en curso del que tomen conocimiento. La Presidenta también está alcanzada por esta obligación y tiene el deber de poner en marcha el sistema judicial para que investigue, separe y castigue a esos funcionarios a los que alude, si existen", afirma el comunicado.
En tono sarcástico, la FAM expresó su "benéplacito" porque entiende que el pedido de que los magistrados no fallen según la tapa de los diarios es "un anuncio de que el poder político dejará en el futuro de presionar a los jueces para que se avoquen a las causas que tienen repercusión mediática y para que reaccionen de acuerdo con los climas de opinión que reflejan los medios de prensa."
"Las generalizaciones descalifican a los justos y protegen a los culpables. No logran otro objetivo que el de debilitar a la Justicia y, con ello, de hacer más vulnerable a la última barrera de defensa que tienen los más débiles frente a los abusos y atropellos de los poderosos", agrega el comunicado, que también acusa a Cristina de denunciar una situación "como si fuese una observadora ajena al juego institucional".
"La Federación Argentina de la Magistratura confía en que la Presidenta aportará inmediatamente las pruebas que posibiliten la transparencia pública y remedien el inmerecido manto de sospecha propiciado con sus acusaciones imprecisas y generalizadas", concluye la réplica de los jueces.
En términos similares, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMDJN) , presidida por el camarista civil Ricardo Recondo, emitió un comunicado en el que le reclamó a la presidenta "haga públicos" los nombres de los jueces acusados para que "se pueda juzgar y, de corresponder, expulsar del Poder Judicial a los magistrados supuestamente infieles".
"Tal es el proceder que debe seguirse, ya que denuncias generales e innominadas como la realizada no pueden sino ser entendidas –maxime considerando la investidura de quien las profirió y el ámbito en el cual lo hizo- como un nuevo intento de indebida presión a un Poder Judicial que cumple con su rol constitucional", agregan los magistrados.
