En los tribunales federales existe una definición en común para la causa AMIA: “mancha venenosa”. Todo lo que toca se desmorona de forma violenta e irremediable, como el edificio de la mutual judía que explotó el 18 de julio de 1994. Como la vida de Alberto Nisman. O la vida en los tribunales.
El fallo de Daniel Rafecas anulando la causa contra la Presidenta por el supuesto encubrimiento del atentado agudizó las divisiones entre los jueces federales y profundizó el temor de un sector de la Justicia que cree que la decisión del juez envalentonará a Cristina Fernández de Kirchner a ir de lleno contra la Justicia federal. Las peores expectativas están puestas en la apertura de sesiones del Congreso.
Rafecas quedó en el ojo de la tormenta entre sus colegas y un grupo de fiscales federales que ven en su fallo una amenaza, que creen que le cortó las piernas a la fortaleza que la marcha del 18F les dejó, y que especulan con que fue presionado por el Gobierno. Rafecas dijo a PERFIL que no recibió presiones y que “la teoría de que es un juez ‘apretado’ o ‘apretable’ se va a caer por su propio peso”.
El caso Nisman, que es una parte irremediable del caso AMIA, será un antes y un después en los tribunales. La marcha en homenaje del 18 de febrero se convirtió en el punto de máxima tensión entre los fiscales federales, encargados de investigar al Gobierno en casos de corrupción, como reveló este medio. La movilización y sus consecuencias no hicieron más que calar hondo en las diferencias que crecen entre ellos desde hace más de dos años, y que deja a los fiscales divididos en tres grupos irreconciliables.
La tensión también se palpa de una orden de reforzar la seguridad de la sede de los tribunales federales de Retiro que se vive desde la última semana. El control del ingreso y permanencia en el edificio se reforzó tras el 18F y hasta a los jueces se les pide el DNI para entrar. Fuentes judiciales informaron que se debe a robos menores. Vienen reclamando el refuerzo de la seguridad desde hace un año, pero la medida se tomó casualmente tras la marcha de los fiscales.
A ese escenario, el fallo de Rafecas agregó este jueves un baldazo de agua fría que shockeó a todos por igual. Las reacciones ante la decisión del magistrado de desestimar el requerimiento del fiscal Gerardo Pollicita dejaron en evidencia que los jueces están enfrentados no sólo con el Gobierno, sino entre sí.
Los jueces, a diferencia de los fiscales, no se mueven en estructuras piramidales. No tienen jefes. Por eso no integran grupos, pero sí posiciones comunes. El enfrentamiento entre la Presidenta y la ex SIDE les dio una ventaja: se sienten libres porque ya no hay quien los presione o los apriete en nombre del Gobierno. Las negociaciones sobre causas sensibles ahora quedaron al libre albedrío. Esa soltura es enemiga de los intereses de la Presidenta.
Sin embargo, hay jueces que ya manifiestan que no están de acuerdo en “enfrentar” al Gobierno, que los fiscales no deberían haber marchado el 18F y que creen que algunos de sus colegas “hacen política” con sus fallos judiciales. Temen que la pelea se les esté yendo de las manos. Del otro lado, los acusan de negociar con el Ejecutivo por cuestiones personales.
Una de las figuras más fuertes del fuero, la jueza María Servini de Cubría, estuvo en contra de la marcha de los fiscales y cree que la Justicia jamás estuvo tan dividida. Cree que ya hay tres sectores entre los jueces: los pro Gobierno, los anti Gobierno y una tercera posición, que hace equilibrio entre ambos.
Entre los más enfrentados, el juez federal Claudio Bonadio se lleva el puesto número uno. Si la denuncia de Nisman no sobrevive, su causa sobre Hotesur volverá a ser el expediente más caliente contra Cristina Fernández de Kirchner. Muy cerca suyo hay jueces distanciados con el Gobierno de alto perfil, como Ariel Lijo –procesó al igual que Bonadio al vicepresidente en ejercicio–, o de bajo perfil, como Julián Ercolini, Marcelo Martínez De Giorgi y Luis Rodríguez. Algunos tienen, sin embargo, buenos vínculos individuales con algunos personajes del Gobierno.
Sólo por mencionar un caso, Julio De Vido siempre es bienvenido en los tribunales federales. Algunos jueces lo definen como “el único hombre del Gobierno que supo hacer política y construir buenas relaciones con la Justicia”.
Suman colaboradores de Nisman
El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó que se incorporen a su equipo dos secretarios de Alberto Nisman que ayudaron al fiscal de la causa AMIA a redactar la denuncia contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el canciller Héctor Timerman y otros cinco imputados.
Pollicita hizo el pedido antes de conocer que el juez federal Daniel Rafecas desestimaría su pedido de investigar la denuncia de Nisman. Pero prepara la apelación, por lo que apunta a que la causa sobreviva. Si eso sucede, Pollicita ya acordó con la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, que contará con la colaboración de dos de los secretarios de mayor confianza de Nisman, los mismos que trabajaron en la denuncia.
En la causa, Fernando Burlando y Fabián Améndola, defensores de Yussuf Khalil, el empresario argentino acusado por Nisman de ser un agente iraní, preparan un escrito que dará por primera vez la versión de un personaje central en la denuncia.
Khalil es quien tenía el teléfono pinchado por la ex SIDE, y con quien hablaban Luis D’Elía y Mohsen Rabbani, uno de los iraníes prófugos por el atentado.
