Los multimillonarios subsidios que el kirchnerismo entregó a las empresas de transporte público quedaron al descubierto tras la tragedia de Once y sólo a través de los informes de la Auditoría General de la Nación (AGN) y las pericias contables de la Justicia se pudo saber cuánto dinero el Gobierno transfirió a los hermanos Cirigliano por la concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA). Pero también pudo conocerse cuánto ocultaron durante ocho años y medio.
Al momento del accidente en el que fallecieron 51 personas en la estación Miserere, la Secretaría de Transporte de la Nación -bajo la órbita del Ministerio de Planificación de Julio de Vido- había informado que los subsidios otorgados a TBA por la concesión de las líneas Sarmiento y Mitre desde 2003 hasta diciembre de 2011 -dos meses antes del siniestro- eran de $642.960.000. Pero eso era apenas una parte.
Desde que asumió Néstor Kirchner en mayo de 2003 hasta diciembre de 2011, la Secretaría de Transporte, primero a cargo de Ricardo Jaime (2003-2009) y luego conducida por Juan Pablo Schiavi (2009-2012) otorgó a TBA por "subsidios de explotación" de las líneas de tren Mitre y Sarmiento mucho más de lo que declaró: fueron $2.977.041.406, según la pericia contable que confeccionó un cuerpo de peritos entre marzo y julio de 2012, a pedido del juez federal Claudio Bonadío, y a la que accedió en exclusiva Perfil.com.
Ahora, el entremado de empresas de Claudio Sergio Cirigliano y Mario Antonio Cirigliano, quienes deberán afrontar un juicio oral por los delitos de "estrago culposo" y "defraudación a la administración pública", también percibió otros cuantos millones por su participación en el consorcio UGOFE y los miles de colectivos del Grupo Plaza. En total, los Cirigliano habrían facturado más de 5.000 millones de pesos en subsidios del Estado nacional durante el kirchnerismo.
Los subsidios a TBA fueron de menor a mayor y superaron cualquier cálculo de inflación no oficial: en 2003 se transfirieron $42.055.397, $211.512.363 en 2006, $433.132.383 en 2009 y en 2011, nada menos que $901.497.861. Es decir, 21 veces más que el inicio de la era K.
Los Cirigliano explicaron a la Justicia que sus gastos operativos se incrementaban, sobre todo los costos de personal, que se multiplicaron por nueve entre 2007 y 2011, según explicaron al magistrado Bonadío. No obstante, el mismo juez detectó que los Cirigliano fraguaron sus balances para simular déficits en los resultados contables de TBA y así reclamar más subsidios al Estado.
Eso sí, lo que la Justicia no pudo dilucidar es si Jaime y Schiavi -procesados por la Cámara Federal por "estrago culposo", "administración fraudulenta" e "incumplimiento de deberes"- conocían las maniobras para simular pérdidas en las empresas de los Cirigliano para transferirles más y más subsidios a la cuenta del Banco Nación 52001-20, sucursal casa central.
Mediante esa cuenta, la entidad financiera Favicor, manejada por los mismos Cirigliano, cobraba los subsidios desde enero de 2005 hasta el momento de la tragedia. El Gobierno jamás objetó esa sospechosa triangulación.
Ahora, ¿por qué no se depositaban directamento los subsidios a TBA? La concesionaria se había presentado en concurso de acreedores y temía que les embargaran los cuantiosos fondos que les llegaban desde la cartera de Julio De Vido, a quien la Cámara Federal benefició al no hacer lugar a la imputación por la tragedia ferroviara que solicitaba la querella.
Lo curioso es que la Secretaría de Transporte siempre accedía a los reclamos pese a las millonarias multas por el pésimo servicio que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) labraba contra TBA en lo administrativo, pero que la Secretaría de Transporte al final nunca se las enviaba a los Cirigliano, según confirmaron a Perfil.com desde la AGN.
Fueron $93.000.000 en infracciones (2002-2012) cuando, según el contrato de concesión, el tope de multas para no perder el servicio de explotación es de 30 millones. Por un valor de multas muy inferiores (37 millones de pesos) Jaime y De Vido, en cambio, rescindieron la concesión de la líneas Belgrano y Roca Sur en mayo de 2007.
El titular de la AGN, Leandro Despouy, denunció ante este portal "una clara connivencia de la Sindicatura General de la Nación, que sabiendo las irregularidades de TBA, las millonarias multas y la falta de modernización de las líneas, siguió adelante con esta concesión. Era injustificable", insistió el funcionario de la oposición que el Gobierno intentó desplazar por sus lapidarios informes sobre el sistema ferroviario.
Blanqueo en parte. Pese a los cuantiosos fondos públicos, el servicio de la línea Sarmiento -la que se accidentó el 22 de febrero de 2012- mantiene sus deficiencias hasta el día de hoy, más allá de que el Gobierno retomó el control de su gestión pocos meses después de la tragedia, con el nuevo Ministerio de Transporte que se incorporó al del Interior, a cargo de Florencio Randazzo.
Randazzo "blanqueó" algunas cifras y el modo en que se pagaba a los concesionarios, algo que De Vido eludió durante nueve años. "Lo que encontré ahí era un desastre", admitió el ministro al programa CQC, al mismo tiempo que explicó que los fondos para explotar el transporte público se distribuían "en función de las declaraciones juradas de las empresas: pasajeros, viajes".
El ministro de Transporte también publicó en la web de la cartera todos los subsidios del Sistema Ferroviario integrado (SIFER), que son apenas una parte del total de los subsidios por explotación. El resto de los fondos se estipulan en el Presupuesto Nacional y las reasignaciones de partidas posteriores de la Jefatura de Gabinete, pero no están discriminados empresa por empresa, lo que impedía por las vías oficiales conocer cuánto la Casa Rosada le transfería a los Cirigliano.
Por ejemplo, el Gobierno informa hoy que en 2009 transfirió $110.667.688 por el sistema SIFER a TBA, la cuarta parte del total que en realidad otorgó a la concesionaria ese año. Del resto no se informa.
Retornos. Dos fuentes independientes confirmaron a Perfil.com el monto aproximado de las dádivas y posibles "retornos" de los empresarios por los generosos subsidios, por los que la Justicia Federal procesó a Ricardo Jaime. De esas multimillonarias sumas que el exfuncionario otorgaba a los Cirigliano, habría recibido como "cohecho" entre el 15% y 20% de los subsidios, coincidieron las fuentes.
(*) De la redacción de Perfil.com. Twitter: @diegogueler.
