El Gobierno se resiste a no aplicar la Ley de Medios, que entre otras cosas obligará a desmembararse al Grupo Clarín, durante lo que queda del mandato de Cristina Kirchner, y apuesta a que la Corte levante la suspensión en unos dos meses. Los abogados gubernamentales comenzaron ayer a ensayar su apelación para que el máximo tribunal se expida a la brevedad, invocando argumentos que hablan de gravedad institucional.
Para el Gobierno, el fallo de cámara mendocina, que mantiene la suspensión, no sólo trunca a la “ madre de todas las batallas”, como se denominó a la Ley de Medios. Entiende que si se habilita a los legisladores a cuestionar judicialmente las leyes aprobadas por la mayoría parlamentaria, “en serio no habrá seguridad jurídica”, como explicó uno de los abogados que trabajan en el tema.
De esta manera, esperan que la Corte resuelva tan pronto como lo hizo en el caso de los DNU: consideró el caso abstracto, días después de que la Presidenta emitiera el Decreto 298 que derogaba al 2010 del uso de reservas del Banco Central. Varios abogados consultados por PERFIL coincidieron en que la Corte suele expedirse con relativa rapidez en casos de gravedad institucional.
