La Justicia porteña le dio luz verde a un proyecto que concentra los intereses del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires y el Grupo IRSA, para la construcción de un barrio, locales comerciales y acceso al río en el predio de la ex Ciudad Deportiva de Boca. Se trata de la iniciativa que había sido aprobada en la Legislatura porteña en diciembre de 2021 con el apoyo del oficialismo local y el rechazo de la oposición.
El proyecto prevé la utilización del predio ubicado sobre la Costanera Sur y al costado del barrio Rodrigo Bueno para construir edificios, torres, comercios y un parque público de 35 hectáreas. El proyecto se denomina "Costa Urbana" y fue presentado el 8 de julio de 2021 por Eduardo Elsztein, presidente de IRSA.
El proyecto fue objetado por la oposición porteña en la Legislatura y se judicializó por medio de presentaciones de organizaciones como el Observatorio de Derecho a la Ciudad, el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP), la Cátedra de Ingeniería Comunitaria (CLIC), Unidad Popular (UP) y la Defensoría de Laburantes. Esos mismos espacios protagonizaron una serie de protestas para impedir el avance de la iniciativa.
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Las asociaciones mencionadas recibieron un aval judicial hace casi un año, el 11 de marzo de 2022, cuando la Justicia porteña declaró la nulidad del convenio al hacer lugar a un amparo.
Como se dijo, el desarrollo inmobiliario que impulsa la empresa IRSA consiste en un conjunto de edificios, espacios comerciales y calles internas. Además, la iniciativa comprende la construcción de un parque costero desarrollado por la constructora del Grupo Elsztain, que se encargará de su mantenimiento.
Las tierras en cuestión pertenecieron al Club Atlético Boca Juniors entre 1960 y 1990, cuando las vendió a la sociedad Santa María del Plata, cuya mayoría accionaria fue luego adquirida por IRSA.
La trama judicial y la puja por el proyecto
Pero la cuestión escaló y llegó a la Cámara de Apelaciones porteña, que en las últimas horas revocó esa cautelar.
En efecto, el Gobierno porteño y la empresa propietaria de centros comerciales y de desarrollos agropecuarios están en condiciones de avanzar con la iniciativa que incluye la construcción de edificios bajos y torres de casi 100 metros de altura.
Cuando el Observatorio de Derecho a la Ciudad presentó su pedido de cautelar le solicitó a la Justicia que declare la nulidad e inconstitucionalidad del Convenio, su aprobación por ley y todo acto de gobierno posterior vinculado al tema. Ocurre que para la Asociación Civil el Gobierno porteño "no acreditó ni siquiera el inicio del proceso de evaluación de impacto ambiental (...) ni la realización de una audiencia pública", ambos puntos obligados según la ley. Pero hubo una serie de audiencias a fines de 2021.
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Tiempo después, IRSA se presentó y desconoció la legitimación de esa asociación y negó la existencia de lesiones o peligro inminente. Sostuvo que existió una audiencia pública a la que "los participantes (...) pudieron acceder en todo momento a los antecedentes del caso y presentar sus opiniones" y subrayó que "se ha dado cumplimiento a todas las normas aplicables".
Con la escalada judicial el proyecto quedó trabado y llegó a la Cámara de Apelaciones. Ahí, los jueces le pidieron una opinión a la Fiscalía de Cámara, cuyo dictamen fue firmado el 8 de noviembre del año pasado por el fiscal Juan Octavio Gauna, quien optó por el rechazo de los planteos.
El dictamen fiscal y qué dijo la Cámara
En un dictamen de 50 páginas al que accedió PERFIL, el fiscal sostuvo que el Observatorio de Derecho a la Ciudad "no ha demostrado en el caso que el procedimiento administrativo que precedió a la suscripción del convenio se encuentre viciado, por no haberse previsto la realización de una instancia participativa".
Sostuvo que hubo un proceso de audiencias a fines de 2021 y que "no ha demostrado en el caso que (...) no haya sido un marco participativo adecuado para que la ciudadanía se exprese acerca del convenio urbanístico" firmado entre el Gobierno porteño e IRSA.
En el cierre sostuvo que antes de poder ser ejecutado, "todo lo relativo al impacto ambiental del proyecto deberá ser evaluado por la autoridad competente y discutido en una nueva etapa de audiencias públicas". En esa línea, el fiscal fue contundente: "Cualquier consideración al respecto se exhibe como prematura". Así, determinó el rechazo.
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En tanto, el pasado lunes 6 se firmó una resolución de 20 páginas por parte de las juezas María de las Nieves Agrelo y Laura Alejandra Perugini. Ambas camaristas decidieron revocar la decisión de primera instancia donde se declaraba la nulidad del proyecto, supo este medio.
Además, se metieron al fondo de las quejas y, entre otras cosas, también rechazaron la acusación de IRSA y el Gobierno porteño contra el Observatorio de Derecho a la Ciudad por supuesta falta de legitimación para intervenir en el caso.
A su vez, respecto de la controversia en torno a la falta de una audiencia pública la resolución sostiene que "no puede afirmarse que en el caso se haya omitido cumplir con una instancia participativa obligatoria", motivo por el cual "corresponde hacer lugar a los recursos de apelación interpuestos por IRSA y el Gobierno porteño y revocar la sentencia apelada en este aspecto".
Se espera en las próximas horas un comunicado por parte del Observatorio de Derecho a la Ciudad con consideraciones acerca del fallo y los próximos pasos a seguir.
AS CP
