Con la necesidad de fortalecer la agenda de la lucha por la transparencia, Mauricio Macri presentará este jueves el proyecto de ley de acceso a la información pública.
En medio de la polémica por la difusión de los “Panamá Papers”, en la que quedó involucrado, el Presidente lanzará la iniciativa que contempla que los ciudadanos van a poder reclamar información pública a cualquier organismo del Estado, como así también empresas estatales u organizaciones que reciben subsidios estatales.
Según le confirmaron a Perfil.com desde el área de prensa de Presidencia, el acto está convocado para las 18.30 en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Macri estará secundado por el ministro del Interior y Obras Públicas, Rogelio Frigerio, y el secretario de Asuntos Políticos, Adrián Pérez.
El proyecto prevé la creación de “agencias de acceso a la información” en cada poder el Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) como así también en el Ministerio Público Fiscal. Cada agencia estará comandada por un director que será designado por 5 años, en un proceso similar a la designación de los titulares de la Unidad de Información Financiera (UIF). Eso incluye la difusión en el Boletín Oficial del currículum del postulante con un plazo de 15 días para recibir objeciones. Para removerlo, en cambio, se utilizará un sistema similar al que se usa con los directores del Banco Central (interviene el Congreso a través de una comisión bicameral).
Estos directores son los que van a recibir los pedidos de información de los ciudadanos, que van a estar habilitados a hacerlo sin ningún requisito especial. El ente al que se le solicita la información tendrá 15 días para responder, prorrogables por 15 días más. La respuesta podrá contener un sistema “de tachas” para evitar difundir información sensible (seguridad, defensa o política exterior, protección del sistema financiero o bancario; secretos industriales, comerciales, financieros, científicos o técnicos, datos personales de carácter sensibles o secretos profesionales, entre otras). El funcionario o agente que no responda el pedido incurrirá en “falta grave” y se podrá iniciar un proceso judicial.
Más allá de los pedidos que hagan los ciudadanos, el proyecto también prevé el concepto de “transparencia activa”, para promover la publicación actualizada y procesable de información pública, algo en lo que ya está trabajando el Ministerio de Modernización (que al igual que la Oficina Anticorrupción colaboró en la redacción de la iniciativa).
El nuevo régimen tendrá un plazo de implementación de un año. En la actualidad, el acceso a la información pública está regido por el decreto 1172/03, que firmó Néstor Kirchner y que sólo rige para oficinas del Poder Ejecutivo. Desde diversas organizaciones vienen criticando que los incumplimientos son más la norma que la excepción. La Asociación por los Derechos Civiles (ADC), incluso, obtuvo un fallo favorable de la Corte Suprema en una causa contra el PAMI por no cumplir con esa normativa. Fue en diciembre de 2012, y logró consolidar la idea de que el acceso a la información es un derecho con respaldo constitucional.
(*) Subeditor de Política del Diario Perfil, especial para Perfil.com | En Twitter: @gabiziblat
