Aceptar la renuncia de Fernando Niembro y echar a un funcionario porteño fue la salida que eligió Mauricio Macri para ponerle fin al escándalo desatado tras la difusión de los contratos que la Ciudad le adjudicó a su primer candidato a diputado por la Provincia. Se trató de un duro golpe a la carrera presidencial del alcalde, pero apenas un soplido si se lo compara con el antecedente inmediato que todo el PRO quiere olvidar.
Paradojas de la política, la trágica historia empezó con la denuncia de la entonces legisladora del ARI Rocío Sánchez Andía, que responde a la hoy aliada macrista Elisa Carrió. En octubre de 2010, los “Lilitos” denunciaron al secretario de Comunicación porteño, Gregorio Centurión, por delitos de malversación de caudales públicos, administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con su función.
Los argumentos de la demanda presentaban distintas similitudes con el caso Niembro. Se trataba de millonarias contrataciones directas a socios, familiares y amigos de los funcionarios denunciados: la demanda abarcaba a la asesora contable de la Ciudad, Alejandra Suarez y al director de planeamiento de Medios, Rubén Azcárate.
“Azcárate le entrega contrataciones directas a tres empresas, por lo menos, de exsocios o socios. Las firmas son Media Estrategy S.A., Central Media S.A., y Devicom S.A., las tres empresas tiene domicilio en Avenida Córdoba 323, comparten directorio y una tiene en su composición original a Azcárate como miembro de directorio”, explicó a Perfil.com Sánchez Andía. Sólo las tres empresas que se vinculan a Azcárate facturaron, entre 2008 y 2010, 11,9 millones de pesos.
La denuncia cayó como una bomba en el seno del PRO. Centurión, principal denunciado por manejar el reparto de la pauta publicitaria, no era un funcionario más. “Goyo” tenía una íntima relación con la familia Macri, a la que había conocido en los recreos del colegio Cardenal Newman. Además, había participado activamente en el lanzamiento político del expresidente de Boca del que se consideraba un amigo personal.
Al preinfarto que sufrió ese octubre se le sumaron peores noticias en noviembre. Le quitaron la autoridad sobre la caja publicitaria, la relación con los medios y el manejo del sitio web de la Ciudad. Peor aún, la investigación judicial no le daba tregua. Ese mismo mes, se libraron ordenes de allanamiento a la secretaría de Comunicación Pública, lo que implicaba un verdadero escándalo para la gestión PRO.
Por esas u otras razones, lo cierto es que Centurión decidió quitarse la vida el 19 de diciembre de 2010.
