Esta tarde el presidente Mauricio Macri y varias provincias firmarán el "Nuevo Acuerdo Federal Minero", elaborado por representantes de las provincias que integran el Consejo Federal Minero, y que fue aprobado por el Consejo Federal de Medio Ambiente encabezado por el ministro de Energía, Juan José Aranguren. Este pacto sustituirá el vigente desde 1993.
Con este acuerdo se renueva el marco normativo a la actividad para potenciar su desarrollo y atraer nuevas inversiones. El nuevo pacto minero, cuya firma ya fue postergada en dos oportunidades a raíz de diferencias con algunas provincias como Salta, "establece nuevas condiciones para que la minería se desarrolle de manera responsable con el ambiente y con la gente".
En el acto estarán presentes todos los mandatarios y representantes con excepción de Chubut y La Pampa, distritos que anticiparon que no adherirán a la norma porque no admiten la explotación de recursos minerales en sus territorios, y La Rioja.
Desde el Gobierno adelantaron que el acuerdo "establece nuevas medidas para que la minería sea un impulso para el desarrollo de las comunidades locales, generando empleo y oportunidades para las empresas argentinas" además de "promover la participación ciudadana y exigir a las empresas mineras destinar mayores fondos al cuidado del medio ambiente y al desarrollo de infraestructura".
"Una vez que sea ratificado por el Congreso, va a actualizar la normativa vigente en nuestro país de acuerdo a las prácticas de los países que más y mejor han avanzado en la industria", se señaló en un comunicado de Presidencia en el que se detalla que el acuerdo minero "consta de 5 capítulos: Aspectos Comunitarios y Sociales, Desarrollo Productivo, Gestión Ambiental Minera, Aspectos Económicos y Tributarios, y Cuestiones Institucionales y Normativas".
El Pacto Minero. Según trascendió, el convenio establecerá criterios generales en lo que respecta a las regalías que pagan las industrias extractivas, fijando estas en un techo de 3 por ciento sobre el valor bruto (de venta) del mineral en boca de mina. Además, se establecerá además destinar el 1,5 por ciento adicional a la integración de un Fondo Provincial de Infraestructura, para financiar, por caso, obras de control ambiental y de aguas.
Así las cosas, el tope (o máximo) a pagar por parte de los inversores a las provincias será de 4,5 por ciento de lo que facturen, en tanto que se convino desactivar otro aporte, de 1 por ciento, a cargo de las grandes empresas mineras y pensado para financiar obras de desarrollo a nivel local. El esquema acordado es similar al que actualmente rige en San Juan para la explotación de sus recursos minerales.
El acuerdo contempla además la creación de un organismo que realizará un catastro minero y también un Digesto sectorial que reúna todas las normativas Nación-Provincias que regulan la actividad. Las concesiones duran mientras haya mineral y se preservarán las condiciones fiscales, por períodos de 30 años, de acuerdo con lo que establece la Ley de Inversiones Mineras.
Un aspecto que se modifica en el nuevo acuerdo federal es que en caso de producirse tres faltas graves en materia de cumplimiento de pautas ambientales la mina será cerrada y la empresa perderá inmediatamente el derecho a la propiedad del yacimiento en explotación.
