En su primera visita a la Cámara de Diputados, el ministro de Justicia, Martín Soria, defendió el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Ministerio Público Fiscal, que apunta a flexibilizar las mayorías para poder designar al procurador general, y para incorporar un límite temporal al mandato. Además, cuestionó al actual Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, designado como interino durante la gestión de Mauricio Macri: "Más temprano que tarde tendrá que irse", advirtió.
Martín Soria primero defendió la iniciativa oficialista. "Es una ley que es fundamental para el restablecimiento del Estado de derecho que tanto daño ha sufrido en los últimos años", subrayó el funcionario. Juntos por el Cambio se ausentó del plenario por videoconferencia de las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales con el pretexto de que su presencia allí hubiera significado convalidar "la destrucción de la República" que pretende el oficialismo a través de la reforma.
En su exposición, Martín Soria lamentó que la principal alianza opositora no haya aceptado el diálogo que le proponía el oficialismo y haya adelantado el rechazo "sin siquiera conocer los cambios y las propuestas" realizadas en estas últimas semanas. "La falta de un Procurador legitimado por la elección del presidente con el acuerdo del senado dejó al Ministerio Público Fiscal de la Nación virtualmente acéfalo. Esta condición no puede prolongarse más tiempo", consideró.
Para Martín Soria, el procurador interino Eduardo Casal "es insostenible”
"Todos compartimos el anhelo de rescatar al Ministerio Público Fiscal de la profunda crisis de legitimidad en la que hoy se encuentra", aseguró Martín Soria, que en parte atribuyó esa "anomalía" al hecho de que el cargo de procurador general siga siendo ocupado hace más de tres años por un interino como Eduardo Casal.
Con duras palabras hacia Casal, el rionegrino advirtió que su interinato "es el más largo que la historia tenga registro". Además expresó que "esa vacancia en el cargo del Procurador General que derivó en ese interinato y que ya se prolonga por más de tres años sin dudas generó una verdadera parálisis institucional de la Procuración General de la Nación y una falta de conducción que terminó repercutiendo sobre todo el resto del organismo, sobre todo el Ministerio Público Fiscal y sobre todo el sistema de justicia".
"Tenemos que tener un procurador con la legitimidad suficiente para conducir ese organismo, y no un interino que nadie eligió y que no tuvo el acuerdo del Senado", espetó Martín Soria. Aclaró, sin embargo, que no se trata simplemente de resolver la "anomalía" del interinato prolongado de Casal, ya que "este proyecto de ley de reforma que estamos analizando, que estamos debatiendo, no tiene que tener nombres propios".
"El procurador interino más temprano que tarde tendrá que irse”, dijo. “No por haber sido funcional a la mesa judicial del Gobierno anterior o porque ande por ahí protegiendo fiscales que cometen delitos o apretando fiscales mujeres en un acto de discriminación de género. Se va a terminar yendo porque es precisamente eso, un procurador interino”, aseguró.
El proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal
Uno de los puntos principales del proyecto es que limita a cinco años la duración del mandato del procurador, prorrogable por otro período idéntico de forma consecutiva. "Resulta inaceptable que se mantenga esa rémora monárquica que es un cargo vitalicio, tan ajeno a toda lógica republicana", fundamentó, y agregó que se necesita "una alternancia en el cargo del jefe de los fiscales", que es quien está a cargo de la política de persecución penal.
El otro aspecto central de la reforma es que simplifica el nombramiento del procurador al reemplazar la mayoría de dos tercios del Senado por la mitad más uno de los votos. Para la remoción en el marco de un juicio político, en tanto, la iniciativa plantea la mitad más uno de los votos.
Eduardo Casal: "No tengo problema en dar todas las explicaciones que se me requieran"
Por otra parte, se dispone que los traslados de magistrados, funcionarios y empleados del Ministerio Público Fiscal deberán ser aprobados por la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público del Congreso. Esta bicameral tendrá la facultad designar a un procurador en caso de vacancia o licencia superior a 30 días, y tendrá mayor representación en el Tribunal de Enjuiciamiento de magistrados del Ministerio Público, con tres integrantes, uno de los cuales será su presidente.
A su vez, el procurador general -al igual que el jefe de Gabinete- deberá presentarse ante el Congreso una vez al año, en sesión especial, alternando entre las dos cámaras para presentar su informe de gestión, que previamente enviará a la bicameral. En varios tramos de su intervención, el hasta hace pocos días diputado nacional del Frente de Todos hizo hincapié en que el proyecto tiene como uno de sus pilares la perspectiva de género.
Justicia y género
Al posar la lupa sobre la composición del Ministerio Público Fiscal, Soria detalló que del total de 269 fiscales, solamente 71 son mujeres, por lo que llamó a "romper el techo de cristal" en la Justicia a través de este proyecto de ley. El funcionario lamentó que en el Ministerio Público Fiscal ese techo para las mujeres "es de cemento", y embistió contra Casal por haber "retado" al grupo de mujeres fiscales que le había solicitado una audiencia para charlar sobre cuestiones vinculadas a la perspectiva de género.
Entre otros aspectos, la reforma propone criterios de equidad de género en la integración de los jurados de los concursos y del tribunal de enjuiciamiento. Asimismo, que las ternas de los concursos para fiscales estén integradas por al menos una mujer, y que uno de los temas presentes en las evaluaciones de los postulantes sea la perspectiva de género. Por último, se prevé incorporar la mirada de género en las funciones y atribuciones de todo el diseño de la política criminal.
Soria recordó que el 2017 el macrismo había intentado aprobar una ley de reforma del Ministerio Público que proponía que el procurador pudiera ser suspendido por el presidente. "Si se hubiera aprobado, Macri podría haberse despertado y decidir suspender al procurador. Una verdadera locura de los que se proclaman republicanos. Por suerte el 2017 quedó atrás", arremetió.
AB/FF
