El kirchnerismo reactivó la Comisión Bicameral de Control del Ministerio Público Fiscal para avanzar, luego de tres meses de inactividad, con pedidos de explicaciones sobre las “medidas disciplinarias” contra el procurador general interino Eduardo Casal y el fiscal federal Carlos Stornelli, señalados por Cristina Kirchner como instrumentos del embate judicial del que acusa al macrismo.
La arremetida principal estuvo dirigida a la vocal del Tribunal de Enjuiciamiento de fiscales, Adriana Donato, a quien el oficialismo, encabezado por el diputado Rodolfo Tailhade (Buenos Aires), pretende desplazar del cargo.
La reunión se inició con la lectura de notas por parte del secretario de la comisión, y entre ellas se leyó una enviada por Donato, expresidenta del Consejo de la Magistratura. La presidenta del jury de enjuiciamiento defendió su designación como integrante del cuerpo de asesores de la fiscalía general de la Ciudad, al “no resultar incompatible con el ejercicio de la matrícula federal, ni me inhabilita para ejercer la representación del Colegio de Abogados de la Capital Federal como vocal del Tribunal de Enjuiciamiento” del Ministerio Público Fiscal.
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Donato se defendió así de los argumentos de Tahilade como abogada en actividad y de asesora de la Fiscalía General porteña, que, dijo, son incompatibles con su nombramiento en el jury como representante del Colegio de Abogados de la Capital Federal. A pesar de rechazar estas acusaciones, el diputado oficialista volvió a la carga inculpó a la abogada de tener una "evidente vinculación con el macrismo".
"¿Qué hacía la doctora Donato ingresando a la Casa Rosada si respondía a la abogacía y no al macrismo?", se preguntó Tahilade en referencia al registro del ingreso de la abogada a Casa de Gobierno en enero de 2017 junto al entonces ministro de Justicia, Germán Garavano, para denunciar que Donato participó de la maniobra que le permitió al macrismo impulsar la acusación contra el camarista Eduardo Freiler.
La oposición argumentó contra las pretensiones del kirchnerismo de avanzar con el desplazamiento de Donato, ya que la bicameral no posee esa facultad. La senadora del radicalismo Silvia Elías (Tucumán) expresó: "Acá lo que se busca es la mayoría en el jury para poder enjuiciar a Casal y Stornelli. Parece que es una fijación, a toda costa quieren cambiar la integración del jury", denunció.
El diputado Rodolfo Tailhade sostuvo que “por más buena voluntad que quiera poner”, Donato no puede “de ninguna manera conmover lo que dice una ley nacional”. “La norma no la habilita a ejercer la profesión”, señaló. El legislador K remarcó que “no es una abogada que puede ejercer libremente la profesión y, si lo está haciendo, lo está haciendo de manera irregular”.
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Donato aseguró que fue “debidamente designada” y, sobre su actuación en torno al fiscal Carlos Stornelli, sostuvo: “No conozco al fiscal, jamás lo he visto personalmente, no he tenido relación alguna con el mismo y a esta altura debería saber el diputado (en respuesta a Rodolfo Tailhade) que jamás he hecho derecho penal de autor (…). No está en mi conducta, ni lo ha estado, analizar a un funcionario o magistrado por su simpatía política o su militancia”, argumentó la abogada.
Diputados no cuenta aún con los votos necesarios para sancionar la reforma de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, mediante la que el kirchnerismo pretende relajar la mayoría necesaria para designar al procurador general. En consecuencia, el kirchnerismo resolvió en diciembre pasado avanzar sobre la conformación del tribunal de enjuiciamiento de fiscales, objetando la designación de Donato.
Al final, Tailhade reconoció que la bicameral no tiene facultades para desplazar a Donato del tribunal y debió conformarse con que la comisión curse, con el voto del oficialismo, sendas notas al Colegio Público de Abogados y al procurador interino, Casal, para que brinden su opinión sobre si Donato está incurriendo en alguna incompatibilidad que le impida ejercer su función en el jury de los fiscales.
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Embestida contra Stornelli y Casal
La senadora oficialista María de los Ángeles Sacnun denunció que “es absolutamente preocupante la actitud, la conducta del fiscal Stornelli”, de quien afirmó tuvo “un nivel de connivencia y participación en torno a la construcción del lawfare” y se refirió, basándose en artículos periodísticos, a la supuesta compra de objetos nazi que el fiscal habría realizado.
La legisladora repudió las declaraciones de Stornelli tras el discurso del presidente Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa, calificándolas de “bochornosas”, respecto a la visita del juez Gustavo Hornos a la Casa Rosada durante el macrismo. Para la santafesina este hecho corrobora "la existencia de la mesa judicial destinada a perseguir opositores, obturar el proceso electoral y disciplinar a la política”.
Por su parte, el jefe del bloque PRO en Diputados, Cristian Ritondo, se distanció de Sacnun: “A lo que se refiere Carlos Stornelli es a la cantidad de encuentros que el presidente de la Nación Alberto Fernández tenía habitualmente con él, siendo jefe de Gabinete y en los últimos cuatro años”.
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“A mí lo que me interesa es que Casal explique cuáles son las medidas que ha tomado”, cuestionó Sacnun, que criticó a los legisladores que “se erigen en defensores de Stornelli, de Casal” y “no están de acuerdo con que se eleven notas, se pidan explicaciones” ante “dos cuestiones que tienen una enorme gravedad institucional”.
Para el diputado de Juntos por el Cambio, el fiscal hizo alusión a las “decenas de veces que el presidente actual se juntaba con Stornelli” a “tomar café o almorzar”, porque existía una “relación continua y periódica” y defendió que “la causa de San Martín en ninguna parte queda comprobado que haya comprado algo relacionado al nazismo”.
Durante la reunión, se formalizó el reemplazo del santacruceño Pablo González -quien renunció como diputado para asumir la presidencia de YPF- y en su lugar pasó a conformar la comisión la diputada oficialista Mara Brawer.
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