La relación siempre difícil entre el Gobierno y la Iglesia volvió a tensarse por el apoyo explícito de la administración kirchnerista al proyecto de ley para permitir el matrimonio entre personas entre mismo sexo, una iniciativa con la pretensión de equiparar derechos que los obispos consideran inconstitucional y contra natura.
La Casa Rosada aspira a que nada ni nadie tuerza el destino de una votación que, intuyen sus residentes, puede ser un paso importante para captar al electorado progresista como prólogo para la elección presidencial de 2011. En particular a los electores de la Capital Federal, un distrito reacio a acompañar el programa de gobierno del matrimonio presidencial.
El ex presidente Néstor Kirchner y su gente, trascendió, apuntan además a asestarle un golpe duro al cardenal Jorge Bergoglio.
Esta idea se hizo evidente en la Cámara Baja, con la presencia de Kirchner levantando la mano en la madrugada a favor del proyecto, incursión que se constituyó en su última y única intervención como diputado antes de asumir la secretaria general de la UNASUR.
Con el mandato de dejar mal parado a Bergoglio y a la Iglesia, los operadores k ya movilizaron influencias para torcer la voluntad de senadores propios y aliados, que hasta hoy tienen libertad para votar a conciencia y en forma trasversal un proyecto con sanción de Diputados que suscita no pocas polémicas.
Desde la Iglesia inclusive denunciaron que el ex mandatario y personas de su entorno "presionan" a los integrantes del bloque oficialista -y también a los senadores considerados aliados- para que cambien su voto contrario, o bien no participen de la sesión en el recinto de la Cámara Alta prevista para el 14 de julio próximo.
"Tenemos serias dudas de que los bloques oficialistas tengan libertad para votar en conciencia, por la impronta coercitiva del ex Presidente", dijo a DyN Guillermo Cartasso, asesor de la Comisión Episcopal de Seguimiento Legislativo.
En tanto, algunos senadores revelaron a esta agencia que desde Balcarce 50 "amenazan" con el recorte de fondos a las provincias cuyos representantes no apoyen la iniciativa para favorecer el matrimonio homosexual.
El Gobierno también se garantizó que ante un eventual empate, como se prevé hasta hoy, no sea el vicepresidente Julio Cobos quien deba dirimir la paridad. Es que el referente mendocino deberá suplir la ausencia de la presidenta Cristina Kirchner, que un día de la sesión tiene programado un viaje al exterior. La responsabilidad quedará en manos del kirchnerista José Pampuro.
De no haber sido así, Cobos ya había dado indicios de que su voto podía ser no positivo, al manifestarse a favor de las uniones civiles, una figura jurídica menor al matrimonio en discusión.
La estrategia eclesiástica de movilizar en las provincias a familias, estudiantes y educadores de colegios católicos, tampoco pasó desapercibida y hasta generó chisporroteos entre la Conferencia Episcopal Argentina y los ministerios de Educación nacional y bonaerense.
Las carteras educativas cuestionaron que se "utilice" a niños y adolescentes en las marchas organizadas por diversos obispados, y también que se remitan planillas a los colegios para que los padres firmen una declaración en rechazo al matrimonio homosexual.
"Es un juego peligroso", coincidieron Alberto Sileoni y su par bonaerense Mario Oporto. Críticas que el Departamento de Laicos (DEPLAI) de la Conferencia Episcopal Argentina replicó: "Los niños también son ciudadanos".
Polémicas a parte, laicos católicos, con adhesión de evangélicos y musulmanes, apuestan todas sus fichas a una movilización al Congreso para el 13 de julio, en vísperas del tratamiento del proyecto en el recinto del Senado, que prevén será multitudinaria. "Los chicos tenemos derecho a una mamá y un papá", será la consigna.
Una movida riesgosa para la Iglesia si la convocatoria no es tan masiva como se espera, tomando como antecedente que, en este camino, un grupo de obispos -no el Episcopado en forma institucional- fracasó en el intento de forzar un plebiscito sobre el matrimonio homosexual.
(*) Agencia DYN
