Mauricio, otro que sucumbió a los "superpoderes"

La Legislatura porteña dispuso anoche considerar en emergencia edilicia a mas de 300 edificios escolares de gestión estatal que se hallan en situación crítica. La medida regirá hasta el 31 de diciembre de 2008, y hay que citar que en Capital hay un total de 765 establecimientos.

El objetivo principal es garantizar la seguridad y el desenvolvimiento habitual de la actividad educativa y del personal auxiliar en todas las modalidades y niveles. El proyecto de ley pertenece al diputado Marcos Peña (Frente Compromiso para el Cambio) y su contenido pretende dar transparencia a la situación jurídica actual, al fundamentar que "la acción del Estado no puede ser afrontada con las normas vigentes, previstas para situaciones de normalidad que distan mucho de las actuales".

En tal sentido se faculta al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación, a utilizar las modalidades de licitaciones privadas y de compras directas, conformándose una Comisión Especial de Preadjudicaciones y de un Comité de Crisis en el ámbito de dicho ministerio.

Así, habrá un Procedimiento Licitatorio de Excepción, donde se permita abreviar los tramites en contrataciones de obras de hasta $ 3 millones, previa publicación en Internet y la prensa gráfica. Mientras que las contrataciones directas podrán sumar hasta 300 mil pesos.

El Régimen de Compras, dentro de esta excepción, prevé licitaciones privadas que no excedan 1 millón de pesos, en tanto que las compras y contrataciones de bienes y servicios podrán llegar a los 100 mil pesos. Se destaca en los fundamentos el propósito de dotar al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación, de las herramientas legales que posibiliten una actuación expeditiva y ampliar para el logro de los objetivos señalados.

"Y se concluye que la urgencia de muchas de las obras y contrataciones necesarias e impostergables exigen también la realización inmediata para las que ni siquiera es dable aplicar los mecanismos licitatorios abreviados". No obstante, se garantiza la continuidad de las obras que se hallan actualmente en ejecución, con sujeción al cumplimiento de las condiciones de adjudicación y/o contratación originales.

Adicionalmente, como "garantía republicana de control" entre las diferentes funciones del Poder, se impondría al Poder Ejecutivo la obligación de informar cada tres meses a la Legislatura acerca de las tareas realizadas conforme lo indica la ley.

Fuente: Télam