El diputado Máximo Kirchner presentó este miércoles un proyecto de ley que apunta a prohibir la transferencia de las acciones de Aerolíneas Argentinas sin la autorización del Congreso Nacional. En el texto, se propone una modificación de la Ley 26.466 para debatir cualquier intento de privatización.
La iniciativa establece "la prohibición de la transferencia de las acciones sin la autorización del Congreso de la Nación votada por las dos terceras partes de sus miembros". También critica a los candidatos de Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza por impulsar la privatización de empresas públicas.
La presentación del proyecto ocurre horas después del acto en Ezeiza donde la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, celebraron los 15 años de la reestatización de AA en el marco de la presentación de un simulador de vuelo.
En los fundamentos del proyecto, Kirchner expresa que "si bien la Ley 26.466 declara la utilidad pública de las acciones de Aerolíneas Argentinas S.A., no previó un mecanismo que limite la transferencia de aquellas acciones, por lo que es necesario establecer el alcance de dicha utilidad y plasmar una de las voluntades de la ley – o el espíritu o finalidad".
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En uno de sus pasajes más críticos, llama a "poner límites a quienes disfrazados de eficientes gestionadores privados lo único que han hecho es utilizar al Estado como la fuente de financiamiento de pingües negocios personales en detrimento de nuestro país y de los argentinos y argentinas".
"Una vez más, pretenden convencer a los argentinos y argentinas con falacias basadas en argumentos que ya esgrimieron durante los años ’90 y que permitieron la privatización de empresas que gestionadas por el sector privado no obtuvieron resultados y generaron desempleo, falta de conectividad, vaciamiento y el abandono de recursos estratégicos para el desarrollo", se advierte.
La privatización de Aerolíneas Argentinas
La aerolínea había sido un caso testigo de las privatizaciones en la década del 90, siendo vaciada por el Grupo Marsans que había dejado de invertir pese a ganar ingentes fortunas por las operaciones de vuelo.
Hacia 2008, con la empresa en bancarrota, el Estado argentino tuvo que hacerse cargo del pago de los salarios de los trabajadores de Aerolíneas Argentinas y también del combustible de los aviones.
Fue entonces cuando el Gobierno de Cristina Kirchner tomó la decisión estratégica de recuperar la compañía aérea mediante su estatización, que fue aprobada en ambas cámaras del Congreso.
Finalmente, el 17 de diciembre de 2008 se sancionó la Ley 26.466, declarando de utilidad pública y sujetas a expropiación las acciones de las empresas del grupo.
