La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado el proyecto de reforma del Código Procesal Penal para establecer nuevos procedimientos para la extracción de ADN en los casos de apropiación de niños en las pasada dictadura militar. El proyecto fue aprobado por una cómoda mayoría de 154 votos positivos, 32 negativos y 14 abstenciones.
La presidenta de la comisión de Legislación Penal, Nora César, defendió el proyecto y afirmó que la norma responde a "una solución amistosa del Estado argentino con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)", respecto a garantías sobre derechos humanos, y que apunta a "respetar la integridad física de las presuntas víctimas". Para la legisladora K, quien debió cortar en más de una ocasión su discurso por la emoción, la ley tiene como objetivo central "averiguar la verdad" en el marco de los procesos penales por delitos de lesa humanidad, ocurridos "la última dictadura del siglo pasado".
Por su parte, el presidente de la comisión de Derechos Humanos, Remo Carlotto, se quejó del tratamiento que la prensa hizo del proyecto al recordar que hubo "titulares tendenciosos" respecto a la iniciativa, como que el proyecto era "compulsivo, fascista y que promovía la persecución". Afirmó, en ese sentido, que es "una obligación del Estado perseguir, investigar y reparar los hechos" de violaciones de derechos humanos y sostuvo que no puede estar ausente en caso de "desaparición forzada de personas". También calificó como un "hecho mágico" la recuperación del nieto número 98, anunciado ayer por las Abuelas de Plaza de Mayo.
La ex kirchnerista Victoria Donda (nacida en la ESMA) defendió la iniciativa oficial desde su experiencia personal y recalcó que "de los últimos trece, nueve de los nietos recuperados" fueron detectados por el medio de los allanamientos ordenados por la justicia. "Nos entregaron como si fuéramos cachorros de otras familias", dijo Donda y recordó: "Yo tardé ocho meses en decidirme a hacerme el ADN", al defender la idea de que la determinación sea tomada por la autoridad judicial y permitirle a las víctimas del terrorismo de Estado sacarse "la mochila" de tomar esa decisión.
En ese sentido dio "gracias a la Abuelas que nos buscaron. Yo y 97 nietos más podemos decir nuestros nombres", reseñó.
La embestida opositora la hizo la diputada de la Coalición Cívica Fernanda Gil Lozano, quien defendió la postura de la jefa de la CC-ARI, Elisa Carrió, en contra de la reforma, y planteó que reenviar la iniciativa a comisión para buscar mayor consenso. En su postura, dijo: "Me niego en que en aras de los derechos humanos se violen los derechos humanos", al considerar que la ley tiene un sentido compulsivo sobre los derechos de las víctimas, tras hablar de dos casos en los que se habría vulnerado la individualidad de las supuestas víctimas por parte de la justicia.
La ex lopezmurphysta Nora Ginzburg mantuvo un cruce con acusaciones de "fascista" hasta con las barras, donde había militantes de los derechos humanos como la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y cuestionó el proyecto oficialista.
"Esto es fascismo. Las víctima no tiene mas derecho por el solo hecho de ser victimas", afirmó al rechazar la iniciativa, y, tras poner como ejemplo el caso de un persona adoptada que se enteró por medio de un funcionario judicial de su condición, apuntó: "Por qué esos padres no tienen derecho a no decirle a sus hijos que son adoptados. Sí tienen derecho", sentenció, seguida por una rechifla.
El ex kirchnerista Miguel Bonasso respaldó la iniciativa y expresó, a modo de pregunta: "¿Es fascismo la prueba de alcoholemia?, ¿es fascismo la toma de huellas digitales para la identificación?, son herramientas mínimas de control de los Estados".
Los diputados del GEN volvieron ayer a diferenciarse de sus ahora ex aliados de la CC, y el "margarito" Horacio Alcuaz, por ejemplo, expresó su voto a favor del proyecto. El proyecto establece un claro procedimiento relativo a la obtención del ácido desoxirribonucleico (ADN) para los casos de apropiación de menores durante la última dictadura militares.
En ese sentido, establece que, cuando la "presunta víctima" se niegue a dar muestra de sangre, saliva, piel, cabello u otra muestra biológica, como se establece para los imputados u otras personas involucradas en la causa, se procederá a un eventual "registro domiciliario o una requisa personal". Es decir, se faculta a utilizar una forma no invasiva, como la búsqueda de cabellos en peines, para obtener la pruebas que permitan la identificación fidedigna de la víctima de sustracción forzada de la identidad, como ocurrió con los hijos de desaparecidos.
Durante el debate, hubo negociaciones entre el oficialismo y algunos bloques de oposición para buscar un texto de consenso, en el sentido de acotar y restringir la discrecionalidad del juez para proteger los derechos de las víctimas y evitar la toma de muestra para determinar ADN en forma compulsiva.
Fuente: DYN
