El Senado de la Nación aprobó por una unanimidad el proyecto de ley impulsado por el oficialismo, que establece un sistema de recálculo de las duedas hipotecarias extrabancarias en moneda extranjera, que determina una equivalencia de 1,83 pesos por cada dólar.
Con el apoyo del radicalismo, el proyecto comprende a deudas no mayores a 100 mil pesos garantizadas con hipoteca, contraídas con el fin de comprar o ampliar una vivienda única y que hubieran ingresado en mora entre el 1 de enero de 2001 y el 11 de septiembre de 2003.
Asimismo, el proyecto de ley -que será tratado la semana próxima en la Cámara de Diputados-, establece un mecanismo de conciliación entre las partes para definir un monto de liquidación de la deuda, pero si después de 30 días -prorrogables a pedido del deudor- persistieran las diferencias, deberá ser un juez el que defina el monto.
Para ello, el magistrado deberá realizar un cálculo en un plazo de 20 días que no podrá exceder el monto que surja de estimar un dólar equivalente a un peso, más el 30 por ciento de la diferencia entre dicha paridad y la existente al momento de la liquidación y un interés con una tasa no superior al 2,5 por ciento anual por todo concepto.
Si bien no existe un acatamiento unánime de los jueces , hasta enero próximo rige la suspensión de las ejecuciones hipotecarias, dispuesta por el Parlamento a través de una ley.
La iniciativa fue suscripta por los senadores kirchneristas Nicolás Fernández y Jorge Capitanich, con la colaboración del radical Alfredo Martínez, la salteña justicialista Sonia Escudero y la puntana Liliana Negre de Alonso.
Fuentes legislativas señalaron a la agencia Télam, que el texto también contó con el visto bueno de los diputados kirchneristas Patricia Vaca Narvaja y Luis Cigogna, por lo que se espera un rápido tratamiento en la Cámara baja la semana próxima.
Esta norma podría beneficiar a más de 8 mil deudores que podrán saldar total o parcialmente sus obligaciones con aportes del Fondo Fiduciario creado por la ley 25.798 y que funciona bajo la órbita del Banco Nación, mientras que a la vez suspende de manera expresa todo tipo de ejecución o desalojo hasta tanto se cumpla con el mecanismo previsto para salvar la situación planteada por la devaluación de 2002.
