Desde este sábado 13 de febrero, 20 mil voluntarios de movimientos sociales recorrerán alrededor de 1000 hipermercados y supermercados del país, para monitorear el cumplimiento del programa Precios Cuidados y el acuerdo de la carne.
Se trata de integrantes del Movimiento Evita, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC), quienes recorrerán los mercados para verificar que se respete lo estipulado entre el Gobierno y las cadenas que comercializan los productos.
Daniel Menendez, coordinador nacional de Somos-Barrios de Pie, dijo en un comunicado que el presidente Alberto Fernández “manifestó que piensa cuidar que lleguen los alimentos a las mesas de los argentinos y argentinas” y consideró que “los hipermercados tienen un rol fundamental en la formación de sus precios que impactan en la inflación y la pobreza de la población".
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Menendez señaló que las grandes cadenas de supermercados “tienen la capacidad de fijar el precio que tienen que pagar los argentinos para poder llevar la comida a su mesa", por lo que consideró necesario “un Estado fuerte que pueda intervenir sobre este esquema con sectores que, ante la necesidad y situación que atraviesa el país, prefieren mantener y potenciar la especulación sobre los precios”.
El Subsecretario de Políticas de Integración y Formación de la secretaría de Economía Popular apuntó además a “seguir fortaleciendo los mercados populares y de cercanías y multiplicando la cantidad de bocas de venta”, donde los productores puedan llegar de forma directa al consumidor.
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Por su parte, los movimientos sociales denunciaron que "los precios abusivos" se multiplican y que se trata en particular de bienes esenciales de la canasta básica. "Los formadores de precios y los grandes grupos económicos que concentran la producción y distribución de los alimentos han decidido ir por el bolsillo de las trabajadoras y los trabajadores de nuestro país", plantearon.
"Los precios abusivos se han multiplicado y en especial en productos esenciales de la canasta básica de alimentos, sin que exista ninguna justificación real para este golpe al poder adquisitivo de la gente", cuestionaron en un comunicado.
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