Un email de la secretaría de Derechos Humanos de la Nación del 15 de julio de 2010 admitió, en forma indirecta, el pago de una suculenta indemnización a los parientes de personas muertas en tiroteos con la policía o mientras atacaban regimientos militares antes del golpe del 24 de marzo de 1976, durante el gobierno constitucional de Isabel Perón.
Son decenas de indemnizaciones polémicas, que fueron pagadas gracias a una modificación introducida durante el gobierno de Néstor Kirchner, que consistió en la creación de una nueva categoría, la de "Ejecución sumaria", que no estaba prevista en la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep).
A su vez, esa categoría engloba distintos "tipos", que incluyen situaciones muy opinables, como "enfrentamiento" y "excesos en eventual defensa". Todo esto rebasó el sentido original de la Conadep, que había sido creada por el ex presidente Raúl Alfonsín sólo para investigar las desapariciones durante la dictadura.
Otro "tipo" es "ejecución/asesinato", aunque no debería alcanzar los casos de guerrilleros fusilados por Montoneros, acusados de traidores, como ahora se denuncia.
De esta manera, el pago de estas indemnizaciones se extendió de las víctimas del terrorismo de Estado a todos los caídos en combate por la revolución socialista, sin que la opinión pública fuera suficientemente informada.
En realidad, todavía no se sabe cuántas son esas indemnizaciones controvertidas ya que hasta 2006 el Estado había realizado 553 pagos bajo la categoría de "Ejecución sumaria", siempre según el email de la secretaría de Derechos Humanos.
Esas personas cobraron la misma indemnización prevista para los parientes de las víctimas del terrorismo de Estado, durante la dictadura, que es una suma variable: equivale a "la remuneración mensual de los agentes Nivel A del escalafón para el personal civil de la administración pública nacional por el coeficiente 100".
Esto es así en virtud del artículo primero de la Ley 24.411 aprobada a mediados de los noventa, durante el menemismo. En aquellos años, la suma ascendía a unos 220 mil pesos/dólares.
El email me fue enviado "por disposición de la Directora de Gestión de Políticas Reparatorias de la Secretaría de Derechos Humanos de este Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, doctora Rosa Gargiulo", en respuesta a una solicitud presentada dos meses antes.
En aquel momento, yo estaba escribiendo el libro Operación Primicia y había descubierto que habían sido indemnizados los parientes de ocho de los doce guerrilleros montoneros muertos en el ataque al Regimiento de Infantería de Monte 29 de Formosa, ocurrido el 5 de octubre de 1975.
En ese email, la secretaría de Derechos Humanos me informó que el Registro de Fallecidos (Redefa) es el legajo individual de las personas fallecidas en los que constan "los antecedentes y las pruebas tendientes a acreditar los extramos previstos por la ley", es decir el cobro de esa indemnización.
Todos esos nombres figuran en los anexos del informe de la Conadep y la fuente de información es el Redefa.
(*) Periodista y escritor, su último libro es Operación Primicia.
