El Gobierno deberá utilizar y promover un lenguaje no sexista en la administración pública, de acuerdo a un proyecto de ley que fue aprobado ayer por unanimidad por el Senado, y que ya se giró a Diputados.
El proyecto de ley, impulsado por la senadora justicialista mendocina María Cristina Perceval, promueve el uso de "un lenguaje no sexista que tenga en cuenta la presencia, la situación y el papel de las mujeres en la sociedad, tal como ocurre con los varones en la práctica lingüística actual". Así, por ejemplo, los documentos públicos no podrán nombrar solamente a “los empleados” para referirse a todo el personal, sino que deberá decir “empleados y empleadas”.
Eliminar el sexismo del lenguaje ya provocó algunas críticas en el mundo de habla hispana, incluso en la Real Academia y sobre todo en España, cuando la ministra de Igualdad de ese país, Bibiana Aído, habló de imponer la palabra “miembra” como forma de enfrentar la intolerancia que todavía sufre la mujer. En el país, Cristina Fernández de Kirchner impuso desde su llegada al poder su deseo de que la llamen “Presidenta”.
Según el texto del proyecto que acaba de aprobarse en la Cámara Alta, sexismo es el "establecimiento de un 'deber ser' para cada sexo y consiste en comprender que existen conductas o características humanas más apropiadas para cada sexo". El término se aplica al empleo de vocablos (sexismo léxico) o la construcción de oraciones (sexismo sintáctico) que, debido a la forma escogida por quien lo dice o lo escribe, implica una discriminación "por razón de sexo", detalla el proyecto.
La norma destaca además que el Estado debe funcionar como "garante de la igualdad de derechos, oportunidades y trato entre varones y mujeres" y que "promoverá la utilización de un lenguaje no sexista". Por ello, la iniciativa también prevé la redacción de un manual de estilo.
Perceval dijo que el proyecto se basa en recomendaciones de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en pos de "lograr la igualdad de los sexos en el lenguaje" al utilizar ambos géneros en sustantivos y adjetivos (niñas y niños, buenas y buenos, etcétera).
El proyecto sólo introduce la obligatoriedad del cambio sólo para el Poder Ejecutivo y sus organismos descentralizados, y otorga la posible adhesión voluntaria en el Poder Judicial y en los gobiernos provinciales. Salta y la ciudad de Rosario, en tanto, ya cuentan con normas similares.
