Había programado unas minivacaciones luego de su renuncia al gobierno de Cristina Fernández, pero las postergó. Graciela Ocaña, ex ministra de Salud, da en estos días las últimas pinceladas en el armado de una asociación civil para la lucha contra la corrupción enquistada en el Estado. Se llamará Confianza Pública. La Hormiguita está a la pesca de una oficina en el Centro porteño para comenzar a convocar a su equipo.
Su teléfono BlackBerry volvió a sonar con intensidad esta semana cuando el matrimonio presidencial revalidó su alianza política con el líder de la CGT, Hugo Moyano, a través de la designación de un moyanista en la Adminsitración de Programas Especiales (APE), encargado del manejo de fondos de las obras sociales.
“Era muy previsible que eso iba a suceder, a pesar de que Moyano le restó muchos votos al Gobierno”, le dijo Ocaña el jueves por teléfono a un ex funcionario que fue eyectado de la Casa Rosada. Los colaboradores de la ex ministra señalan que, en el punto más alto del enfrentamiento con el camionero por el control de los subsidios, había auditorías casi todos los días para monitorear el uso del dinero. Hoy, en algunos sectores del kirchnerismo, especulan con que Moyano y sus aliados insistirán con más nombramientos en la cúpula de la APE (todavía vacante) o la Superintendencia de Servicios de Salud: en los dos casos, el líder central fogonea a Oscar D’Onofrio, director médico de la obra social de camioneros.
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