La Justicia recibió una denuncia penal por las innumerables irregularidades en el marco del memorándum que firmaron la Argentina y Qatar el pasado 6 de noviembre del cual participaron el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES y Qatar Investment Authority (QIA). La misma recayó en el juzgado de Daniel Rafecas y fue realizada con la información que publicó Perfil en exclusiva.
La denuncia la presentó Fernando Miguez, de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático y apuntó directamente al presidente de la Nación, Mauricio Macri y su vice Gabriela Michetti. También pide que se investigue la responsabilidad penal de Horacio Reyser, quien filtró la información de Estado a privados, la canciller Susana Malcorra, la embajadora argentina en Qatar Rossana Surballe y a funcionarios del gobierno qatarí que participaron de las negociaciones.
Además, la presentación remarca el rol de Gastón Gaudio. El extenista actuó como intermediario, según confirmó él mismo a este medio. Por esa razón, el denunciante menciona la posibilidad de que el excampeón de Roland Garros sea punible por tráfico de influencias.
"Podrían constituir los delitos de otorgamiento de actos irregulares o indebidos estafas y defraudaciones (artículo 174 inc. 5º del Código Penal), administración fraudulenta (artículo 173 inciso 7º del C.P), negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas (articulo 265 del C.P) con perjuicio al erario público que las supuestas maniobras descriptas han irrogado", detalla el texto al que accedió Perfil.
"En el caso del Sr, Gaudio imputamos el Tráfico de Influencias según sus dichos a ser quien acerca a los Saudíes a realizar negocios con el Estado Argentino. En orden a los Hechos se investigue la responsabilidad penal de los siguientes funcionarios públicos; Macri Mauricio (presidente de la Nación Argentina) Blaquier Luis María (director del Fondo de Garantía de Sustentabilidad ANSES), Michetti Gabriela (vicepresidente de la Nación Argentina), Reyser Horacio (asesor del Presidente en Inversión Extranjera), Ortiz Amaya José (director general de Relaciones Internacionales del Senado), Surballe Rossana Cecilia (Embajadora argentina en Doha), Susana Malcorra (Canciller argentina) y de quienes presuntamente colaboraron en realizar los hechos en carácter de cómplices necesarios ellos: el Sheik Tamin Bin Hamad Al Thani (Emir de Qatar) el Sheikh Abdullah Bin Mohammed Bin Saud Al Thani (CEO de QIA) y el Señor Gaudio Gastón (deportista en ejercicio de Trafico de Influencias) así también del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES y Qatar Investment Authority (QIA)".
Al momento de detallar los hechos, la denuncia señala que "es posible se desprenda algún tipo de confabulación de empleados desleales (los funcionarios) que en vez de proteger los fondos dinerarios de Argentina USUFRUCTUAN su condición de Representantes (debemos agregar transitorios) en beneficio propio, toda vez que no entendemos que tiene que ver en estas negociaciones la Intervención Oficial de un tenista como el Sr. GAUDIO que al parecer está en conocimiento de temas SECRETOS que hacen a la seguridad del Estado y se endilga la representación Oficial para establecer contactos con Funcionarios de otros Países del Mundo y así viabilizar NEGOCIOS a espaldas de la Sociedad Argentina suponemos con un rédito económico que no le corresponde, como así también no les corresponde a los funcionarios denunciados el hacer este tipo de acuerdos sin la intervención de los canales ordinarios como seria el Ministerio de Economía o el Banco Central de la Republica Argentina, menos aun este Memorándum pasara la aprobación del Congreso Nacional en sus dos cámaras, es eso lo que finalmente no se llega a comprender ni vislumbrar".
Secretos y polémica. El memorándum con Qatar fue publicado por Perfil el 17 de noviembre y desde entonces hay silencio total de los funcionarios. El mismo habla de estructuras offshore para la "eficiencia" en los impuestos y pone al FGS por debajo de un administrador extranjero. Además, las negociaciones se dieron entre funcionarios públicos y lobbystas privados que estuvieron al tanto de toda la información que manejaban el Estado argentino y de Qatar.
Ante el secreto y el evidente escándalo por el asunto, el vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Guillermo Carmona, solicitó a la presidenta de la misma, Elisa Carrió, que cite a la Cámara de Diputados a los implicados, aunque hasta el momento la dirigente de la Coalición Cívica evitó hacerlo. Además, presentó un pedido de acceso a la información pública en la Cancillería para que el organismo que conduce Malcorra haga público todo el tratado.
