La ciudad de Orán, Salta, en el límite con Bolivia, es señalada como una de las zonas más calientes y vulnerables ante el flagelo del narcotráfico. Son los propios vecinos quienes denuncian zonas liberadas para el tráfico de droga. Los ciudadanos de esta ciudad salteña cuentan que la inseguridad, la crueldad de los delitos que se detectan, la presencia de sicarios, la falta de controles y la supuesta omisión por parte del Gobierno nacional, provincial y local, les cambió la forma de vida.
“Vivimos en una zona liberada. Es más grave de lo que sucede en Rosario porque la droga entra por Orán a todo el país, y la gran mayoría de los oranenses están relacionados al negocio del narcotráfico. Además una gran cantidad de ciudadanos extranjeros coparon la ciudad para dedicarse a lo ilegal”, denuncia Francisco Alvarez, uno de los oranenses que llegaron a la ciudad de Salta para reclamar “seguridad” a los funcionarios.
“No tenemos justicia, no se puede vivir así, tendremos que armarnos, a nosotros nos pueden lastimar y no hay nadie que nos ampare”, explica Nora Díaz desde el Hospital de la ciudad. Allí, su hija Giselle Salva, de 20 años, se encuentra en estado de coma luego de un arrebato en Orán. “No tenemos seguridad, muchos venden droga, usted pasa a Bolivia, sin problemas, viene a la Argentina y entra sin controles”, explica otro denunciante.
Voceros del gobierno de Salta explicaron a PERFIL que desde que asumió el gobernador Juan Manuel Urtubey se lograron réditos en la lucha narco porque se implementó la agencia antidrogas y a partir del 1ª de enero el Gobierno nacional desfederalizó las causas por droga para que ahora intervenga la justicia local. Según fuentes oficiales, lleva récord de detenciones desde el inicio de año por la comercialización y transporte de drogas ilegales.
“No hay trabajo, hay 60 por ciento de analfabetismo. La gente se ve obligada a ‘bagayar’, a pasar droga, mercadería y hasta se registra trata de personas, pero la Justicia no lo detecta”, explica Alvarez.
PERFIL pudo constatar que continúa la operatoria que hace meses había publicado para reflejar cómo operan los “bagayeros” a plena luz del día sobre la ruta nacional 34 y a metros del puesto N°28 de la Gendarmería: los transportadores provenientes de la ciudad boliviana de Bermejo llegan con su mercadería “ilegal” a cien metros del control de Gendarmería. Allí, descargan y la transportan a pie por el monte y selva en una especie de semicírculo por detrás de la sede de Gendarmería. Luego pasan el control sin la mercadería, la que recuperan a otros cien metros del control nacional sin rendir explicación alguna.
El paso de mercadería ilegal se ha convertido en la actividad más importante y redituable de la zona, desde donde se distribuye al resto del país y al extranjero. “Tenemos 170 mil habitantes y tres móviles de policía en el sistema 911”, sentencian los vecinos en diálogo con PERFIL. Los mismos denuncian que el gobernador Juan Manuel Urtubey y del intendente de la ciudad, Marcelo Lara Gros, “prometieron una seccional policial y no cumplieron”, resaltan.
