El Tribunal Oral en lo Penal Económico 1 ordenó este miércoles 3 de abril la detención de Alberto Samid, luego de que el empresario de la carne no se presentara en el veredicto que iba a dictarse en su contra en el marco de la causa por asociación ilícita y evasión.
Por unanimidad, el Tribunal dispuso la detención al no presentarse durante el domingo, día inusual convocado en una última audiencia de juicio, y tampoco este miércoles en que estaba programado el veredicto. PERFIL intentó comunicarse con el carnicero y dirigente justicialista por vía telefónica, sin obtener respuesta hasta el momento.
La presencia de Samid era obligatoria ya que se iban a realizar las dúplicas y réplicas, y se esperaba la lectura del veredicto del caso. Ni siquiera su abogado defensor, Vicente D’Attoli, tenía noticias sobre el paradero del empresario. El letrado explicó que su defendido “no pudo justificar la causa de la inasistencia, por lo que el tribunal, al pedido de la fiscalía, entendió que correspondía darle la orden de detención a fin de que se lo traiga por la fuerza pública”.
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"Tengo la expectativa de que se comunique con nosotros, es un hombre que está enfermo, ha estado internado, tiene problemas de presión", detalló D’Attoli en diálogo con TN.
El abogado incluso relató que estuvo “hace dos o tres sesiones anteriores” con Samid pero que, a partir de ese momento, perdió contacto con él. “Hablé con la familia y no me fue posible obtener información de dónde se encuentra. Supongo que va a comparecer en cualquier momento”, añadió.
La semana pasada, el fiscal Gabriel Pérez Barberá había solicitado condenar a Samid a seis años y seis meses de prisión. En sus alegatos, el funcionario judicial dio por probado que el empresario integró una asociación ilícita a través de la cual se evadían impuestos de la comercialización de carne.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que actúa como querellante en el caso, también pidió condena para Samid y el resto de los acusados.
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Samid, junto con otros nueve imputados, están acusados de integrar una asociación ilícita que comercializaba carnes y no tributaba el IVA al Estado, según la acusación de la fiscal María del Carmen Rogliano.
La causa penal comenzó en 1996 por una denuncia de la Dirección General Impositiva (DGI). El juicio está a cargo del Tribunal Oral Penal Económico 1, integrado por los jueces Diego García Berro, Ignacio Fornari y José Michilini.
D.R./F.F.
