Mientras la contratación directa de Igeotest, la firma del empresario Marcelo Devincenzi, pende de un hilo, la Justicia ordenó investigar las irregularidades en torno a la licitación para seleccionar a la firma que debe buscar al ARA San Juan. En paralelo a la denuncia de PERFIL, el fiscal federal Federico Delgado comenzó a mover las fichas para determinar quién o quiénes pudieron incurrir en un presunto delito.
“Se deberá someter a examen el proceso de concurso para la contratación directa de la empresa que se encargará de la búsqueda, a partir de las irregularidades detectadas por la apoderada denunciante”, sostuvo Delgado en el requerimiento que envió a las partes denunciadas. Además, quiere determinar si el servicio ofertado se corresponde a las capacidad legal y fáctica de la empresa”.
Como se evidencia, la causa penal que investiga la Justicia Federal de Caleta Olivia, Santa Cruz, a cargo de Marta Yáñez, ya no es la única que envuelve la trama de la desaparición del ARA San Juan. La denuncia a cargo de la abogada Valeria Carreras, apoderada de familiares de los tripulantes del submarino que expuso que se estaba por contratar a una empresa concursada en España, la llevan adelante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Delgado.
Denuncia. La investigación que publicó PERFIL, que demostró que la firma elegida no cuenta con el vehículo solicitado en el pliego, alteró el ritmo dentro de la cartera que conduce el ministro Oscar Aguad. De hecho, ante el silencio del funcionario, en su entorno apuntan a que las fallas no son exclusivas de su cartera, en alusión al rol de Modernización, a cargo de Andrés Ibarra, en el proceso.
El asunto ya está en manos de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC) y se espera que dentro de cuatro días hábiles dictamine cómo pudo figurar una empresa con irregularidades en el portal Compr.ar, dependiente de Modernización. “La Dirección de Contrataciones tendrá que dictaminar si el proceso sigue en pie”, sostienen desde su entorno. En primer lugar, la ONC tendrá que explicar quién y por qué modificó datos del por tal de compras. Luego, esa información será remitida a la Dirección General de Asuntos Jurídicos que proseguirá la investigación interna con la asistencia de la Oficina Anticorrupción y la Procuración del Tesoro.
No obstante, aclaran que se abren tres posibles caminos en cuanto a las irregularidades de Igeotest: rechazar la licitación, convalidarla o pedir una modificación. Desde Defensa aclaran que: “Jamás ocurrió algo así en la historia de nuestro ministerio”. Y recalcaron: “Nuestro apoyo para la selección de la empresa fue aportar una comisión administrativa y la Armada sumó la parte técnica”.
