La Justicia argentina ordenó ayer que el predio del astillero Tandanor, envuelto en un escándalo desde su privatización durante el menemismo, vuelva a manos del Estado Nacional.
Se trata del mayor recupero de bienes en materia de corrupción de la historia local. El terreno tiene un valor estimado en alrededor de 40 millones de dólares, pero si se añade el valor de edificación, la cifra que se calcula supera los 500 millones. En gran medida, el precio final puede crecer más o menos dependiendo de cómo se explote.
Con una ubicación estratégica, en una de las zonas más cotizadas de la Ciudad de Buenos Aires, tiene más de ocho hectáreas de superficie y su valuación es equivalente a la de Puerto Madero, barrio del que se encuentra prácticamente “enfrente”.
La sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 5, que llevó adelante el juicio desde marzo de 2017, incluyó también la condena a tres años de prisión en suspenso para tres acusados: un funcionario y dos empresarios, por el delito de defraudación agravada en perjuicio de la administración pública. En tanto que declararon responsables, a otros tres acusados, pero al ser calificados como partícipe secundario, esto le permitió la prescripción y extinción de la acción penal.
Hito. Para que se pudiera concretar el logro, que marca un hito en la historia de la Justicia Penal del país, fue clave el trabajo del fiscal de Cámara Diego Luciani, quien había pedido el decomiso del predio, así como penas para los acusados, y que se investigue al ex presidente Carlos Menem por el caso.
El Tribunal rechazó este último punto y dispuso que eso lo haga el propio fiscal, cosa que se descuenta que Luciani hará en los próximos días. La hipótesis del caso es que la defraudación no pudo hacerse sin la anuencia de las máximas esferas del Estado. La privatización de Tandanor fue en pleno apogeo menemista y se transformó en una causa judicial en 1999. Desde entonces se investigó el negocio detrás de la maniobra.
Según pudo saber PERFIL, de fuentes judiciales, la restitución del predio al Estado debe ser inmediata. En tanto que los jueces, Sabrina Namer, Sergio Paduczak y Gabriel Nardiello también dispusieron que vuelvan a manos del Estado el 90% de las acciones. Los magistrados consideraron que la privatización fue fraudulenta y todo debe retrotraerse al momento de la venta. En tanto que las condenas fueron para Alejandro Bofill, Eduardo Tesorieri y Juan Andrés Vlastó.
En los tribunales de Comodoro Py, donde se realizó el debate, se celebraba ayer el fallo, que con el decomiso del predio y las acciones, deja afuera a Puerto Retiro, la empresa fantasma que fue utilizada como ficción para poder apoderarse de Tandanor.
El veredicto se dio a conocer a las 13, en la sala AMIA de los tribunales de Retiro. Hasta allí, poco antes del inicio, se acercó el fiscal Carlos Stornelli, protagonista por estos días de la causa de los cuadernos de las coimas. Stornelli quiso escuchar personalmente la lectura de la resolución, porque él fue quien instruyó y elevó a juicio el expediente, que comenzó a tramitarse en los 90.
Menem lo hizo
Las privatizaciones fueron el sello del gobierno de Carlos Menem y Tandanor no fue la excepción. El negocio en torno del predio quedó en menos de capitales argentinos, a través de Ciamar (que se quedó con el 92% del paquete accionario), holandeses, con el Banco Holandés Unido y francés, con Sud Marine Enterprises. Tras la privatización, un decreto cambió las condiciones y redujo de 8 millones en efectivo y 160 millones en títulos del Estado fijados inicialmente como pago a 7.200.000 en efectivo y 52.560.000 financiados en más de una década. Luego, Ciamar vendió una de las plantas a la empresa Puerto Retiro, sospechada de pertenecer a los mismos dueños, que pidió la rezonificación de la zona para un negocio inmobiliario millonario.
