La Cámara Federal de Casación Penal ordenó seguir investigando al ministro de Economía, Axel Kicillof; al ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno; al ex presidente de la Comisión Nacional de Valores y actual titular del Banco Central de la República Argentina, Alejandro Vanoli y al titular de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), Daniel Reposo, por su actuación en una Asamblea del Grupo Clarín el 25 de abril de 2013.
Los funcionarios se presentaron ese día en la reunión societaria de Clarín como apoderados de la ANSeS para hacer valer las tenencias del Estado por la minoría (9%) y tuvieron participación activa en la Asamblea, en la que Moreno se mostró verborrágico y "a los gritos".
En tanto, el secretario de Comercio advirtió a los accionistas que "tengan cuidado" y pidió "váyanse de la conducción de la compañía", Kicillof criticó la Memoria Anual porque "no representa lo que es la Argentina".
Fuentes judiciales informaron a DyN que los jueces de la Sala III de Casación, Liliana Catucci y Eduardo Riggi, con la disidencia de Mariano Borinsky, revocaron el archivo de la causa y dispusieron que prosiga.
Ante la actuación de los funcionarios, el Grupo Clarín los denunció penalmente por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos, amenazas y perturbación de una reunión lícita.
El fiscal federal Miguel Angel Osorio dictaminó por desestimar la denuncia por "inexistencia de delito" y el juez Rodolfo Canicoba Corral la archivó en julio de 2013, lo que fue confirmado por la Sala I de la Cámara Federal.
Clarín apeló la decisión y ahora los camaristas Riggi y Catucci calificaron de "arbitrarias" aquellas decisiones judiciales y como "prematuro" el cierre de la causa, por lo que ordenaron que se siga investigando.
En su voto, Riggi señaló que en la causa se debió "recolectar los elementos de prueba que podían resultar relevantes para la investigación de los delitos de acción pública denunciados", así como la declaración de testigos que participaron de la Asamblea.
Por su parte, la jueza Catucci agregó que "el cariz de los acontecimientos provocados no permite descartar el contenido delictual por parte de los actores".
En disidencia, Borinsky explicó que por tratarse de delitos de acción pública se necesita que el fiscal impulse la investigación y en este caso el Ministerio Público Fiscal, en sus distintas instancias, no lo hizo.
