Pagarán $ 400.000 a un ex juez echado en la dictadura

Un ex juez chubutense echado durante la última dictadura militar deberá ser indemnizado con 400.000 pesos por orden de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.

La decisión judicial se tomó en base a una "recomendación" de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA y benefició al ex juez de primera instancia de Chubut Gustavo Carranza Latrubesse, según el fallo.

El entonces magistrado fue removido del cargo en junio de 1976 a través del decreto 656/76, dictado en su provincia.

Tras el retorno a la democracia, en 1984, el ex juez presentó una demanda ante el Superior Tribunal de Justicia de Chubut y llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, donde fue rechazada en 1987. Entonces recurrió a la CIDH.

"No está en análisis la responsabilidad del Estado Nacional por la separación del cargo que sufrió el actor sino por la denegación de justicia que implicó que la Corte Suprema entendiera que su caso se trataba de una cuestión política", entendió la Cámara en base al dictamen del organismo internacional.

La reparación "tiene como fuente la denegación de justicia" porque "al adoptar tratados sobre derechos humanos, los Estados se someten a un orden legal dentro del cual ellos, por el bien común, asumen varias obligaciones no en relación a otros Estados, sino hacia los individuos bajo su jurisdicción".

Así lo evaluó el tribunal de apelaciones integrado por Pablo Gallego Fedriani y Jorge Morán, con el voto en disidencia de Jorge Alemany.

"Al ratificar la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, los Estados parte se comprometen a atender las recomendaciones que la Comisión aprueba en sus informes", recordaron.

En 1997, la Comisión le recomendó al Estado argentino indemnizar a Latrubesse.

"Desde el momento de la aprobación y de la ratificación de la Convención, la Argentina se comportó como si dicha competencia en materia de derechos humanos correspondiera al Estado federal, no puede alegar ahora lo contrario", advirtió la CIDH.

Además, concluyó que "un Estado no puede alegar su estructura federal para dejar de cumplir una obligación internacional".

Por su parte, en el voto disidente, el camarista Alemany sostuvo que "no existe razón alguna para que las personas que forman parte del pueblo de la Nación argentina, todas ellas víctimas de la dictadura, deban pagar con sus impuestos las indemnizaciones que con absoluta justicia merecen las otras víctimas en los casos en que demandan el resarcimiento de los daños sufridos a manos de los gobiernos de facto".

Fuente: Télam