A casi un mes de que Cristina Fernández de Kirchner presentara el informe “Papel prensa, la verdad”, el Gobierno pidió la declaración indagatoria de la titular del Grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble, su CEO, Héctor Magnetto, y del director del diario La Nación, Bartolomé Mitre, así como del ex presidente de facto Jorge Rafael Videla, entre otros, por la “apropiación ilegal” de la empresa papelera del Grupo Graiver durante la última dictadura.
La querella, anticipada en exclusiva por el diario Perfil, fue presentada hoy por el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, con patrocinio del Procurador del Tesoro de la Nación, Joaquín Da Rocha, ante el Juzgado Federal 3 de La Plata. “Los crímenes de lesa humanidad de la dictadura, no sólo tuvieron el escenario de las mesas de torturas, o los vuelos de la muerte, sino también se combinaron con acciones en despachos alfombrados y mesas de directorios de grandes empresas, con actores civiles tan responsables en su conducta criminal, como aquellos que manejaban las picanas”, comienza diciendo el escrito de 192 páginas.
En la querella se afirma que los delitos de lesa humanidad contra el “Grupo Graiver” no comenzaron con el “secuestro, tortura y vejámenes de todos ellos”, ni con la muerte de Jorge Rubinstein (mano derecha de David Graiver), a consecuencia de las torturas sufridas, sino que fueron "fruto de un concierto delictivo preciso que comienza con la etapa extorsiva que lo antecede, que obtuvo los resultados buscados tras una cuidadosa preparación mediática”.
El Gobierno denuncia que esa “cuidadosa preparación mediática” fue urdida por los diarios La Nación y Clarín para apropiarse de forma ilegal de las acciones de Papel Prensa, en connivencia con los militares. Esta actitud, señala la querella, se inscribe en el propósito de ejercer el “control de la prensa escrita en todo el territorio nacional, a través del axioma de que ‘el que controla el papel controla la información’”.
En ese sentido, se afirma que los grandes medios, en referencia a esos diarios, tuvieron como objetivo crear una “un ambiente propicio para la interrupción institucional”, así como para generar un consenso que legitimase al gobierno surgido en esas circunstancias. " Sin las presiones, intimidaciones y amenazas efectuadas sobre los integrantes del grupo Graiver, la operación de venta de las acciones de PAPEL PRENSA no se hubiera llevado adelante”, sentencia la denuncia.
En el extenso escrito se señala que: “Aún teniendo por cierta la vinculación de Graiver con Montoneros no existe elemento alguno que permita sostener que la misma posibilitó la adquisición de la empresa papelera, ya que como se ha señalado oportunamente los Graiver adquirieron el control de Papel Prensa S.A. entre fines de 1973 y el año 1974, mientras que el presunto ingreso de fondos de Montoneros a los bancos del grupo se habría producido en la segunda mitad del año 1975”.
En ese contexto, se detalla que FAPEL S.A., la empresa que formaron Clarín y La Nación para adquirir Papel Prensa junto con el diario La Razón, “no registró actividad alguna, hasta el 2 de noviembre de 1976” por lo que infieren “se trata de una verdadera empresa de paja, sin actividad alguna, con capital insuficiente como para acometer un negocio de las características que revistió la ilegítima apropiación de PAPEL PRENSA S.A.”.
La querella incluye declaraciones de Lidia Papaleo, viudad de Graiver, que confirman versiones que habían trascendido a través de medios oficialistas. “Todo el horror que fue mi vida después de mi secuestro es indescriptible en la serie de perversiones, vejaciones y tormentos a la que fui sometida, no obstante que deseo concluir con la presente reiterando que prefiero ver los ojos y la cara de mis torturadores, antes de que ver los ojos de Magnetto en el momento en que me amenazaba para que firmara”, señala.
En la presentación, el Gobierno dio marcha atrás y no reclamó la inmediata detención de Herrera de Noble, Magnetto y Mitre (ver aparte), pero si que se los cite a declaración indagatoria junto con Jorge Rafael Videla, Emilio Massera, José Alfredo Martínez de Hoz, Raymundo Juan Pío Podestá, Sergio José Peralta Ramos, Marcos Peralta Ramos y Hugo Fernando Peralta Ramos.
Por último, la denuncia plantea que se cite a declaración testimonial a Julio Piumato, actual Secretario de Derechos Humanos de la CGT, quien también estuviera detenido con Isidoro Miguel Graiver; al Canciller Héctor Timerman, cuyo padre compartió el cautiverio con los integrantes del “Grupo Graiver”; y a José Pirillo, ex propietario del diario La Razón.
