Los exsecretarios kirchneristas de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, y los empresarios dueños de TBA Claudio y Mario Crigliano, fueron procesados por la tragedia ferroviaria de Once en la que murieron 51 personas, posibilitada según el fallo por una "trilogía siniestra de empresarios, funcionarios y sindicalistas".
El maquinista del tren que protagonizó el accidente, Marcos Antonio Córdoba, fue sobreseído porque "no es responsable del choque", sino que el hecho se debió a las "deplorables condiciones en las que circulaban los trenes", consideró el juez Claudio Bonadío.
El magistrado también sobreseyó a otros cinco imputados, entre ellos el exjefe de la CNRT Eduardo Sícaro, y le dictó la falta de mérito a cinco exdirectivos de TBA, entre ellos Antonio Cirigliano, primo de los empresarios procesados.
A ocho meses de la tragedia, ocurrida el 22 febrero pasado, Bonadío, en una resolución de 876 páginas, también procesó a otros 19 exdirectivos de Trenes de Buenos Aires, entre ellos Mario Cirigliano –hermano de Claudio–, Carlos Michelle Ferrari, Marcelo Calderón, Carlos Lluch, Sergio Tempone, Jorge Alvarez y Daniel Rubio.
A estos últimos les dictó la prisión preventiva pero no quedarán detenidos porque la Cámara Federal los liberó, ya que habían estado presos por el robo de documentación, excepto Mario Cirigliano, Calderón y Alvarez, que deben depositar en 24 horas 5 millones de pesos para no ser arrestados.
Todos los directivos fueron procesados por los delitos de descarrilamiento de un tren agravado por resultar personas fallecidas y lesionadas, asociación ilícita y defraudación contra la administración pública y les trabó un embargo total de 600 millones de pesos.
Jaime, Schiavi, el exsubsecretario de Transporte Ferroviario Antonio Luna y el exjefe de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte Pedro Ochoa fueron procesados por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, y cada uno sufrió un embargo de 1 millón de pesos.
Para el juez hubo en el hecho "varios elementos que en su evolución a lo largo de los años llevaron al sistema ferroviario que operaba Trenes de Buenos Aires S.A a una situación límite", por los cuales "hechos luctuosos como el aquí ventilado podían ocurrir en cualquier momento".
Así, hubo una asociación ilícita y un factor económico que "explican la escasa inversión que destinaba la empresa a mantener el buen estado de las formaciones" e "innumerables defectos técnicos que se presentaban diariamente en la línea Sarmiento".
Para Bonadío esa asociación ilícita generó una "cadena de la felicidad destinada a enriquecer de manera ilícita y espuria a una serie de empresas vinculadas entre sí y pergeñadas alrededor de Sergio Claudio Cirigliano, Mario Francisco Cirigliano y el grupo Plaza y finalmente destinadas a maximizar sus ganancias personales más allá de toda avaricia posible".
El juez sostuvo que alrededor de Cometrans S.A, presidida por Cirigiliano y que controlaba TBA, había 21 compañías que conformaban un "grupo artifical de empresas" cuya "motiviación no era otra que hacerse de manera espuria de los recursos económicos de la empresa prestataria del servicio ferroviario", y citó ejemplos de gastos de Claudio Cirigliano.
"El objetivo de la empresa no era prestar un servicio seguro, confiable y con mayores índices de regularidad, sino hacerse de los recursos económicos que le eran transferidos por el estado nacional", sostuvo el juez.
Sobre el Estado Nacional, el juez sostuvo que el deterioro del servicio "sólo fue posible por la inacción parcial de los organismos de control y los funcionarios que con competencia administrativa específica en el área de transporte no realizaron los controles que en tiempo y forma debían hacer".
Al referirse a Schiavi, sostuvo que "no se advierte que el imputado hubiese adoptado medida de gestión alguna en cuestiones atinentes a la seguridad del servicio concesionado a TBA, a pesar que contaba con los expedientes de multas de varios años".
Jaime, en tanto, tenía "multiples elementos que dan cuenta del conocimiento de la forma deficiente en la cual la empresa TBA prestaba el servicio ferroviario durante su gestión", como las 800 denuncias de usuarios del Sarmiento que recibió en 2007.
La tercera pata de la "trilogía siniestra" fue el gremialismo que "a fin de conservar prebendas sindicales también impidieron implementar sistemas de gerenciamiento moderno que hubiera dejado al desnudo todas esas falencias".
Fuente: DyN
