Esta fue una semana complicada para el Gobierno. Arrancó con dos días de paro docente que se mantuvo en algunos casos hasta este viernes, se produjo la movilización de la CGT, tuvo lugar la marcha del Día Internacional de la Mujer y el último informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) mostró que la pobreza creció desde la asunción del presidente Mauricio Macri. Ante el aumento de la tensión y la posibilidad que la agitación social persista, el Ejecutivo reglamentó la ley que extiende la emergencia social hasta 2019.
La reglamentación de la norma votada en diciembre pasado durante sesiones extraordinarias del Congreso había sido reclamada en varias oportunidades por las diferentes organizaciones sociales en los últimos meses e incluso se había convocado a una nueva marcha para el lunes próximo para volver a expresar esa demanda al Gobierno en frente de la Casa Rosada.
Para tratar de desactivar esa movilización, el Gobierno nacional oficializó este viernes la reglamentación de la Ley Nº 27.345 que estableció la prórroga de la emergencia social hasta el 31 de diciembre de 2019.
El Decreto 159/2017, publicado en el Boletín Oficial, detalla las funciones y los objetivos del Consejo de la Economía Popular y los parámetros para la asignación del Salario Social Complementario, que funcionarán dentro de la órbita del Ministerio de Desarrollo Social que conduce Carolina Stanley.
Según la norma, el Consejo deberá "diseñar y proponer los criterios y mecanismos de inscripción, admisión, clasificación y permanencia en el Registro Nacional de la Economía Popular". También tendrá entre sus funciones "promover criterios unificados de elegibilidad y priorización para acceder al Salario Social Complementario" así como "proponer mecanismos ágiles para la formalización, regularización y promoción de las unidades económicas de la economía popular" y "formular propuestas y recomendaciones de carácter no vinculante al Poder Ejecutivo Nacional".
La reglamentación establece que el Consejo estará integrado por un representante (y un eventual reemplazante) de los ministerios de Desarrollo Social, Trabajo y Hacienda, quienes "mediante acuerdo" podrán convocar a representantes de todas las organizaciones sociales para que participen de forma permanente de las reuniones, al igual que integrantes de "organizaciones civiles o instituciones públicas o privadas cuyos aportes resulten de interés social en razón de la materia".
"El Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario elaborará una propuesta que establezca los criterios y mecanismos operativos de funcionamiento, inscripción, admisión, clasificación y permanencia en el Registro Nacional de la Economía Popular, priorizando aquellas personas afectadas en sus derechos humanos fundamentales y en situación de alta vulnerabilidad social, considerando especialmente a las mujeres", añade el Decreto.
