El Obispado de Bariloche tomó posición sobre la muerte de Rafael Nahuel, el joven mapuche asesinado durante un operativo represivo de Prefectura Nacional en Villa Mascardi este sábado. En un comunicado, la representación eclesiástica expresó que la muerte fue "fruto del accionar de las fuerzas federales", y que la negativa ante el reclamo de la comunidad de la lof Lafken Winkul Mapu también esconde "algún tipo de violencia institucional".
"Desoír o ignorar durante décadas reclamos, puede esconder sutilmente, algún tipo de violencia institucional", enfatizó la Iglesia en el comunicado en referencia al reclamo del pueblo mapuche por los territorios. Y agregó que la muerte de Rafael Nahuel fue "fruto del accionar de las fuerzas federales, en un operativo ordenado y supervisado por el Juzgado Federal de Bariloche", a cargo del juez federal Gustavo Villanueva, quien ordenó el operativo de desalojo.
Monseñor Juan José Chaparro, Obispo de Bariloche, dijo en diálogo con María Laura Santillán, por Radio Nacional, que no vio armas en manos de los manifestantes. "Estuve muy cerquita de ellos y no se divisaba ningún arma", sostuvo. Aunque aclaró: "Nadie sabe lo que pasó el sábado. Hay versiones contrapuestas. Ellos dicen que no tenían armas, las fuerzas de seguridad dicen que sí. Sólo ellos lo saben".
Lo que sí aseguró es que no se provocaron daños en la catedral de Bariloche. "Lo desmiento. Fue luego de una movilización por otro motivo. Sólo se interrumpió la misa. Nada más". Por otro lado, Chaparro dijo que no está de acuerdo con "la violencia para que se cumpla con una orden de desalojo". "Hay una ley que se prorrogó que no permite el desalojo de las comunidades aborígenes. Hay quienes se avienen y hay otros grupos que no se avienen", explicó.
Para concluir, el Obispado hizo un "llamado a las autoridades, para que instauren canales de diálogo para resolver las cuestiones relativas a los reclamos de los pueblos originarios". Apuntó que ese diálogo en el marco de la ley "implica necesariamente, la implementación integral de la ley 26.160", que es la ley que ordena el relevamiento de comunidades indígenas e impide los desalojos.
