El Partido Obrero (PO) acusó hoy al subsecretario de Transporte Ferroviario, Antonio Luna, y al líder de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, de "haber estado detrás de los incidentes" ocurridos el jueves pasado en la estación de Constitución, para "forzar" de ese modo la "libertad de los siete detenidos" por el asesinato del militante Mariano Ferreyra. El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, admitió que hay "demoras" de su cartera en resolver el tema de las "tercerizaciones truchas" por parte de empresas a cargo de servicios de transporte. Además, el funcionario comparó a la tercerización irregular con el "trabajo en negro", considerando que éste "también es responsabilidad de las organizaciones sindicales".
"Nos acusaron a nosotros, pero detrás de los incidentes de Constitución están la Secretaría de Transporte, con Antonio Luna, y Pedraza", aseguró el dirigente del PO Néstor Pitrola, confirmando que los abogados del partido enviarán mañana una carta documento al secretario de Transportes, Juan Pablo Schiavi, para que ratifique o rectifique la acusación contra el PO realizada el jueves de los incidentes.
Pitrola dijo que Luna y Pedraza "están dinamitando los acuerdos" alcanzados en el Ministerio de Trabajo con los tercerizados del Roca para, de ese modo, "forzar la libertad de los siete detenidos por el asesinato de Mariano Ferreyra". El dirigente afirmó que Luna "forma parte de la burocracia sindical", al referirse a que, en simultáneo a su rol de subsecretario, ocupa el cargo de secretario de Política Ferroviaria del gremio La Fraternidad.
"Desde la Subsecretaría de Transporte Ferroviaria y la Unión Ferroviaria quieren mantener los negociados de las empresas tercerizadas que tienen allegados a Luna y Pedraza", insistió Pitrola, en línea con lo denunciado cuando fue asesinado Ferreyra, el 20 de octubre último.
Intento de control oficial. Por su parte, el ministro de Trabajo destacó que su cartera tiene, "desde hace tres años, un área específica, la Subsecretaría de Fiscalización, para detectar las situaciones de tercerizaciones truchas". Sin embargo, reconoció: "Lo que sí es cierto es que quizás haya habido una demora en profundizar el trabajo con algunas empresas vinculadas al sector de servicios públicos privatizados".
El funcionario, en declaraciones a Radio Milenium, especificó que se desempeñan en su cartera "450 inspectores" para detectar y sancionar irregularidades laborales, aunque agregó que "el trabajo en negro también es responsabilidad de las organizaciones sindicales".
Fuente: DyN.
