La decisión del Gobierno de disolver por decreto la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA), generó controversias en los sectores del agro, pero también repercusiones en la oposición. El precandidato presidencial del Peronismo Federal Felipe Solá advirtió que "la memoria de lo hecho en la ONCCA por el gobierno kirchnerista no se cierra. La corrupción no se disuelve por decreto".
Por su parte, el diputado de la Coalición Cívica (CC), Juan Carlos Morán consideró a Perfil.com que le quedan dudas "si sólo fue un cambio de collar y el perro sigue dentro del gobierno. Cambian nombre y sigue la misma burocracia y corrupción". Además cuestionó en qué quedará la investigación en torno a Ricardo Echegaray cuando estaba al frente del disuelto organismo".
El diputado nacional del PRO Christian Gribaudo, uno de los denunciantes sobre los manejos de la ONCCA, aseguró que la disolución del organismo por parte del Gobierno “es consecuencia lógica del escándalo de corrupción que venimos denunciando en Tribunales.”
“Hemos hecho las presentaciones a la Justicia desde hace dos años, hemos presentado en el Congreso un proyecto pidiendo la eliminación de la ONCCA. Pero esto no sirve de nada si se va a crear un ente que siga bajo la orbita de Boudou. Moreno, y el propio Echegaray. Es una lavada de cara y nada mas”.
Carlos Urlich, diputado por la UCR , dijo a Perfil.com que le "parece saludable desarticular (la ONCCA) porque era un organismo que intervenía demasiado y complicaba la comercialización. No tenía sentido, era un organismo de extorsión para los que no eran amigos del gobierno". Igualmente mantiene su reserva: "Hay que ver como va a funcionar este organismo de Boudou y Moreno que no dan mucha garantía".
Por último, el presidente del Bloque de diputados nacionales de la UCR, Ricardo Gil Lavedra, sostuvo que "constituye una grosera violación de la Constitución Nacional y una grave afrenta al Poder Legislativo" que la Presidenta haya disuelto a la ONCAA por un decreto de necesidad y urgencia (DNU).
Gil Lavedra expresó que "la Constitución es muy clara en cuanto al carácter excepcional de los DNU, sólo justificados en situaciones de urgencia extrema. Así lo ha entendido asimismo la Corte Suprema en distintos fallos, algunos dictados en su actual composición. En ese marco, resulta incomprensible cuál es la emergencia que habilita el empleo de esos instrumentos".
