Conocido el fallo de la Corte Suprema, en el Gobierno se abrió la temporada de pases de factura. El eje: ¿quién fue el responsable de que no se realicen las audiencias públicas? A pesar de la lectura positiva que quiso instalar el Gobierno, en los hechos la falta de esas audiencias terminó redundando en que se perdiera un tiempo clave para aplicar el tarifazo.
Los principales reproches apuntan a dos funcionarios. Uno, como era de esperar, es Juan José Aranguren, quien a pesar de las críticas recibidas sigue firme en su cargo (ver página 8). Ayer, el ministro de Justicia, Germán Garavano, acusó mediáticamente a los técnicos del equipo del titular de la cartera de Energía de ser los responsables del “error” que significó no convocar a las audiencias públicas.
“Yo tengo la percepción de que no fue decisión de Aranguren”, deslizó en off the record uno de los juristas del equipo de Cambiemos.
Para aquellos que defienden al ex CEO de Shell en Argentina, el responsable del desaguisado fue Fabián Rodríguez Simón, conocido como “Pepín”. En lo formal es parlamentario del Mercosur y director en representación del Estado en YPF, pero en los hechos es uno de los principales asesores jurídicos de Macri. Incluso, es su abogado defensor en el caso de los Panamá Papers.
A él ya le asignan haber tenido la idea de designar a los dos nuevos jueces de la Corte Suprema a través de un decreto, algo que Macri tuvo que dar marcha atrás por las críticas recibidas. Ahora, muchas miradas apuntan de nuevo a “Pepín”.
Tanto Macri, como Gustavo Lopetegui, vicejefe de Gabinete, se mostraron siempre decididos a avanzar rápido con el alza de las tarifas, y allí, aseguran, talló fuerte Rodríguez Simón.
Otros amplían la visión y suman a la bolsa a Pablo Clusellas (secretario de Legal y Técnica) y a José Torello (amigo de Macri y jefe de asesores).
Clusellas prefirió evitar las acusaciones cruzadas. “Fue una decisión en equipo”, respondió ante la consulta de PERFIL. Elisa Carrió lo había criticado en duros términos la semana pasada. “Hay que tener un buen secretario legal y técnico en un gobierno”, había lanzado la líder de la Coalición Cívica.
¿Donde estuvo el error?, le preguntó PERFIL a uno de los dirigentes que siguió de cerca las negociaciones con la Corte Suprema. “En el día uno, cuando algunos cráneos decidieron no hacer las audiencias y minimizaron el impacto social creyendo que con ‘el espíritu de cambio’ alcanzaba”, aseveró.
“Que la Corte obligue a hacer las audiencias no sorprendió a nadie”, agregó uno de los encargados de analizar el texto del tribunal.
“El fallo fue negativo para los que querían que la Corte solucionara los problemas de la política”, agregó un operador todoterreno que también apuntó a los asesores de Macri por los errores de interpretación.
