La eliminación de las PASO abre un dilema que excede la discusión sobre cuántas veces deben votar los argentinos. Sin las primarias, el sistema político podría seguir resolviendo sus internas mediante sus propios mecanismos, pero perdería una herramienta que hoy permite que esas competencias sean organizadas y financiadas por el Estado. Al mismo tiempo, mantenerlas con carácter obligatorio implica sostener una jornada electoral que muchas veces se suma a un calendario cargado y que puede alimentar el cansancio y el desinterés de los ciudadanos.
El debate se reactivó este martes después de cuatro meses de parálisis. El Senado habilitó el tratamiento de la reforma electoral en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el libertario Agustín Coto, con el proyecto del Gobierno como eje y la eliminación de las PASO como principal punto de discusión. El oficialismo, sin embargo, todavía no cuenta con los votos necesarios para avanzar con ese punto y, por ahora, mantiene su postura de eliminar las primarias en lugar de suspenderlas o quitarles la obligatoriedad.
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El problema se vuelve más evidente en los frentes y alianzas electorales, donde distintas fuerzas pueden confluir en un mismo espacio sin haber definido de antemano quién encabezará la boleta. Sin PASO, esas diferencias deberían resolverse mediante acuerdos entre los integrantes de cada frente o a través de mecanismos internos propios. Las primarias, en cambio, ofrecen una instancia estatal para organizar esa competencia y cubrir parte de los costos que implica.
Ese es uno de los puntos que atraviesan el debate que se desarrolla en el Senado por la reforma electoral impulsada por el Gobierno de Javier Milei. La Casa Rosada pretende eliminar las PASO como parte de una reforma más amplia del sistema político, pero necesita conseguir los votos de sus aliados para convertir el proyecto en ley. En ese escenario, una modificación de la propuesta original podría convertirse en una vía para acercar posiciones.
El argumento oficial para eliminar las primarias está vinculado, entre otras cuestiones, con el costo de organizar una elección nacional que no siempre define candidaturas. Pero la discusión también tiene una contracara: las PASO no solo funcionan como mecanismo de selección, sino que concentran en el Estado parte de la organización logística y el financiamiento de esa competencia. Si desaparecen, las distintas fuerzas y frentes deberán resolver por sus propios mecanismos una parte de esos costos cuando necesiten dirimir una interna.
Al mismo tiempo, está el otro lado del problema: el electorado. La sucesión de elecciones nacionales, provinciales y municipales, muchas veces en fechas diferentes, instaló una discusión sobre la fatiga electoral. Una primaria obligatoria puede ser percibida como una convocatoria adicional, especialmente cuando los principales espacios llegan con candidaturas acordadas y no existe una competencia efectiva. Quitar la obligatoriedad permitiría reducir esa carga sin eliminar completamente la instancia.
Ese cruce empieza a abrir una posible salida intermedia: transformar las PASO en PAS, es decir, mantener las primarias abiertas y simultáneas pero quitar la obligatoriedad para los electores. De esa manera, el sistema político conservaría la posibilidad de recurrir a una elección interna con respaldo estatal cuando un frente o una alianza tenga más de una lista, mientras que los ciudadanos no estarían obligados a concurrir a las urnas cuando no exista una competencia que les interese.
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Para el Gobierno también hay una cuestión política. Javier Milei necesita acumular victorias legislativas y demostrar que La Libertad Avanza puede construir mayorías más allá de sus propios bloques. Una reforma electoral aprobada por el Congreso sería un resultado relevante para la Casa Rosada, aun si para conseguirlo debe aceptar una modificación respecto de su propuesta inicial.
La discusión que atraviesa al Senado puede terminar, entonces, desplazándose de un PASO sí o PASO no hacia una tercera opción. Las PAS permitirían que el sistema político conserve una herramienta estatal para organizar y financiar internas cuando sean necesarias, mientras los ciudadanos dejarían de estar obligados a participar de una primaria. Para el Gobierno, además, podría significar la posibilidad de avanzar con una reforma electoral aun con cambios respecto de su proyecto original.
Todavía no hay un acuerdo cerrado. Pero la alternativa puede ofrecer un punto de encuentro entre las distintas necesidades en discusión: el sistema político conserva una herramienta para definir candidaturas, los ciudadanos dejan de estar obligados a participar de una primaria y el Gobierno mantiene la posibilidad de convertir la reforma electoral en una nueva victoria legislativa.
