“No hubo ninguna consulta hacia nosotros sobre traspasar los sitios de memoria bajo la guarda del IEM hacia la órbita nacional”, señaló el ex premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel quien integra el Consejo Directivo del IEM.
Es que a principios de este mes, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich firmó un convenio con la vicejefa de Gobierno de la Ciudad, María Eugenia Vidal, en donde se firmó el traspaso de los ex Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio (CCDTyE) que dependían del Instituto Espacio Memoria, pasarán a la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos que depende del Gobierno Nacional.
“Lo más grave es que se hizo en secreto.Con esto, lo que hacen es transformar lo que hasta ahora eran políticas públicas de memoria, en políticas de gobierno. Así, el Gobierno de la Ciudad pone una vez más de manifiesto el desinterés por el patrimonio histórico de memoria”, reza un comunicado que difundió el Consejo Directivo.
“El método de intentar desacreditar mediante agravios y mentiras la valiosa labor del IEM desarrollada en todos estos años, pone de relieve las verdaderas intenciones de quienes no tienen escrúpulos a la hora de atacar a luchadores de los derechos humanos y sus instituciones”, ataca el comunicado enviado a la prensa.
“El gobierno nacional y el porteño, en sus negociados bilaterales, ya venían operando la desintegración del IEM, no es un problema nuevo, viene de años, no soportan organismos autárquicos y autónomos, y buscan someterlo a los caprichos del gobierno nacional. Nos quieren neutralizar”, disparó Pérez Esquivel.
“Lo peor que pueden hacer es disfrazar la situación, aparentar que el IEM continúa y quitarle la autonomía, marginarlo y arrinconarlo sin capacidad de decisión alguna, dejando en manos del gobierno de turno la política de derechos humanos, es lo peor que pueden hacer, mentir al pueblo y actuar en las sombras”, agregó.
El acuerdo implica, para el Gobierno de la Ciudad, ahorrarse unos $ 80 millones del Instituto Espacio para la Memoria (IEM), organismo autárquico que administra los ex centros clandestinos porteños ESMA, Virrey Cevallos, Atlético, Olimpo y Automotores Orletti, todos a cargo de organismos de derechos humanos no alineados con el kirchnerismo.
Mientras que para el gobierno nacional significa no tener obstáculos para ser los garantes de la política de DD.HH.
El convenio, que deberá ser ratificado por la Legislatura porteña donde el PRO, sumado al Frente para la Victoria, lograría la mayoría, surgió por un pedido de la Nación y forma parte de los acuerdos que viene sosteniendo Macri con Cristina Kirchner, como en el caso de la autopista Illia o las políticas de transporte.
