El diálogo entre oficialismo y oposición sigue trabadísimo en Santa Fe. Lo único que cambió con el correr de los días fue la cifra de asesinatos: en Rosario ya suman cuarenta crímenes en lo que va de 2020. Así, Santa Fe vuelve a picar en punta como una de las provincias con mayor tasa de homicidios. Algunos asesinatos estuvieron vinculados al descontrol de las bandas narcos, tras los cambios que decidió el gobernador Omar Perotti en la conducción de la Policía. Más de treinta comisarios fueron jubilados por Perotti y su ministro de Seguridad, Marcelo Saín.
Incluso Saín se mantiene firme en su cargo, apoyado por el gobernador, pese a los rumores de renuncia anticipada. El despliegue de fuerzas federales tampoco logró controlar la ola de violencia que tiene base en Rosario. Tras el acuerdo firmado con la Casa Rosada, la ministra nacional de Seguridad, Sabina Frederic, mandó unos tres mil gendarmes a Santa Fe. “No pasa por un tema de cantidad. Porque las bandas se esconden y vuelven a salir. El desafío es romper la cadena de las mafias y controlar el desbande por abajo de los grupitos que se disputan la recaudación y el territorio”, afirma un dirigente cercano al gobernador.
La única variable que se mantiene fija es la pésima relación entre el peronismo y la oposición socialista. Así, si bien Perotti acaba de reincidir en su intento de aprobar la quíntuple emergencia provincial (en seguridad, alimentaria, sanitaria, administrativa y económica), la oposición no da señales amigables hacia el proyecto.
Conducidos por el ex gobernador Miguel Lifschitz, los socialistas tienen mayoría en la Cámara de Diputados. En diciembre pasado ya habían rechazado la iniciativa presentada por Perotti, tras el aval del Senado provincial. Tanto entonces como ahora, los legisladores del Frente Progresista (alianza entre socialistas y radicales no cambiemistas) están dispuestos a votar la emergencia en seguridad. Pero se resisten a acompañar la económica, dentro del paquete general. El proyecto ya fue enviado a seis comisiones y, según los planes del gobierno, se trataría el próximo jueves en el Senado.
Objetivo. Aunque se trata de un punto importante, el objetivo principal de Perotti no es lograr la emergencia en seguridad: de hacerlo, podría contar con fondos para agilizar la compra de patrulleros, chalecos y armas, y podría reincorporar personal retirado, entre otros artículos. Tampoco la alimentaria (crearía un fondo de unos 2.500 millones de pesos para comedores comunitarios y programas nutricionales), ni la sanitaria (otro fondo de 2.500 millones). La meta central del gobernador es ir por la emergencia económica y financiera.
Así, tendría la posibilidad de reasignar partidas desde el Ejecutivo, disponer aumentos, suspender tarifas de gas, luz y agua, frente a una situación fiscal complicada. El déficit de 2019 fue de casi 19 millones de pesos.
Cerca de Lifschitz aseguran que Perotti busca obtener superpoderes, evitando controles del Congreso. Por eso, apuntan a que el Senado introduzca una serie de modificaciones al megaproyecto, antes de llegar a Diputados. Hasta ayer, los socialistas se perfilaban hacia rechazar el plan perottista, tal como fue presentado.
