Luego de aprobarse la Ley de Solidaridad que impulsó el gobierno de Alberto Fernández en el Congreso, una mujer desocupada de 50 años pidió que "la solidaridad empiece desde la política" y ya tiene 240 mil firmas a una semana de su creación.
Se trata de Sandra Quintana, quien nunca había realizado ninguna petición y que a través de la plataforma Change.org pidió que "ya que el presidente de la Nación solicita el apoyo de todos, como ciudadanos también consideramos justo que Senadores, Gobernadores, Diputados, Sindicalistas, Jueces y toda persona que pertenece al Poder Político aporten 30 por ciento de sus ingresos", haciendo referencia a algunos de los items que incluyen la ley como el impuesto del 30% a compras en el exterior y la suspensión de la fórmula mediante la que se calculan los salarios de los jubilados por inflación.
"Así no necesitan tocar a los jubilados ni darles migajas. Eliminar jubilaciones de privilegios, quitar custodias, asesores, viáticos en todos los niveles. Si queremos colaboración empiece por el lado político", concluyó Quintana en su petición.
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Al margen de la petición de Quintana, la indignación se había mostrado en las redes sociales luego de que se conociera que la suspensión de la fórmula de los jubilados no alcanzaría las jubilaciones especiales que contemplan los haberes de expresidentes, exembajadores, exfiscales y exjueces, que cobran un promedio de 210 mil pesos, es decir, de las más altas.
Al ver la reacción negativa de la sociedad, Fernández decidió crear una comisión para evaluar alcanzar a dichos exfuncionarios en la nueva ley. El mandatario resolvió que el Poder Ejecutivo Nacional también contribuya con un 21%, además de un aporte extraordinario de 7 puntos extra a los magistrados del Poder Judicial y embajadores que cobren un haber jubilatorio superior a $100.000. Con esa imposición lograría recaudar, según cálculos oficiales, unos 2 mil 700 millones de pesos extra.
J.D. C. P.
