Piden investigar a Siderar por presuntas medidas contra la ANSES

Un fiscal federal pidió hoy que la empresa Siderar sea investigada por presuntas medidas que habrían perjudicado a la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES).

En efecto, el fiscal Guillermo Marijuan formuló el pedido al juez federal Ariel Lijo, basado sobre información de una asamblea de accionistas que aprobó la distribución de dividendos por más de 1.500 millones de pesos para el ejercicio 2010, pero omitió explicar el destino de las utilidades de períodos anteriores.

La distribución de dividendos de 2010, que fue votada en contra por el representante de la ANSES, trepó a 1.511.489.154 pesos.

Siderar encabeza la resistencia del empresariado privado al decreto de necesidad y urgencia 441, según el cual el Estado debe contar con una representación en el directorio de las empresas de las cuales es accionista equivalente al porcentaje de acciones que posee.

Ese decreto modificó una norma anterior que fijaba el techo de la participación estatal en las empresas -derivada de la reestatización de las ex AFJP- en un cinco por ciento.

Marijuán, el fiscal que está a cargo de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (Ufises), precisó en su planteo al juez Lijo que el Estado debió contar con tres directores en Siderar, lo que le hubiera posibilitado "un mayor y mejor control sobre las decisiones a adoptarse y que puedan vulnerar futuros beneficios económicos".

Así, aludió a 6.455.418.354 pesos asignados a la cuenta "Reservas de futuros dividendos", 43.947.494 pesos a "Reserva facultativa" y 691.186.690 pesos a "Resultados diferidos", sobre los cuales el Estado pidió informes que no le fueron suministrados.

La distribución de dividendos por 1.511 millones fue aprobada por los accionistas mayoritarios en la asamblea del 15 de abril, que luego fue declarada "ineficaz" por la Comisión Nacional de Valores y, después de un cruce de demandas entre las partes, tampoco permitida por la Justicia. El Directorio de Siderar convocó a una nueva asamblea para el 21 de julio.

"Lo actuado por la parte mayoritaria constituye un claro abuso del derecho por no consultar con criterios de razonabilidad y buena administración, sino esconder una maniobra destinada a oprimir a las minorías", embistió Marijuán.

El artículo 300 del Código Penal, en el capítulo de "fraudes al comercio y a la industria", establece penas de entre seis meses a dos años de prisión a quien "ofreciere fondos públicos o acciones u obligaciones de alguna sociedad o persona jurídica, disimulando u ocultando hechos o circunstancias verdaderas o afirmando o haciendo entrever hechos o circunstancias falsas" y al directivo que "informare a la asamblea o reunión de socios, con falsedad o reticencia, sobre hechos importantes para apreciar la situación económica de la empresa, cualquiera que hubiere sido el propósito perseguido al verificarlo".

Fuente: DyN