Barcelona - La Confederación Intersindical Gallega (CIG),
personada en España en la causa contra los crímenes cometidos por la última dictadura argentina,
pidió hoy al juez Baltasar Garzón que interrogue a la ex presidenta María Estela Martínez de Perón
por los crímenes cometidos por la Triple A, antes de extraditarla a la Argentina.
Ante la inminente extradición de la ex presidenta argentina
"instamos al juez Garzón a que aproveche esta oportunidad histórica
para investigar e imputar a Isabel Martínez de Perón como máxima responsable política de los
crímenes cometidos por la Triple A", afirmó a
Télam Fermín Paz Lamigueiro, miembro de la Ejecutiva
confederal de la CIG.
En una carta enviada al magistrado español días atrás, la CIG junto con el Movimiento
Argentinos en el Exterior, adherido a la CTA, había solicitado a Garzón que antes de extraditar al
ex integrante de la Triple A, Rodolfo Almirón, detenido recientemente en España, lo impute por
genocidio, y que llame a declarar a la ex presidenta en relación con los mismos hechos.
La solicitud estaba motivada en las "contundentes pruebas aparecidas en Argentina sobre el
actuar de la Alianza Anticomunista Argentina (AAA), que operó en el país durante el gobierno de
Isabel Martínez de Perón, y a partir de 1976 actuó como organización armada al servicio de la
dictadura militar del general Videla".
Concretamente, se le pide a Garzón que "investigue el accionar de esta banda paramilitar
durante el período que él instruye, a partir del 24 de marzo de 1976".
En esa misma misiva, se solicitó también que se interrogue en calidad de testigo al actual
alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, quien ejerció en el pasado como abogado de Almirón.
En la carta
también se pide la declaración del senador vitalicio y ex
presidente de la Junta de Galicia, Manuel Fraga, de quien el ex comisario fue guardaespaldas; y del
ex policía argentino Juan Carlos Fotea, detenido hace dos meses en cumplimiento de una orden del
juez federal argentino Sergio Torres por el secuestro y asesinato del periodista y escritor Rodolfo
Walsh.
Lois Pérez Lleira, coordinador del Movimiento Argentinos en el Exterior, aclaró en
declaraciones a Télam que este pedido "no pretende impedir que los responsables de los crímenes
cometidos por la Triple A sean extraditados a la Argentina para ser juzgados".
"El objetivo -señaló- es que puedan contribuir al esclarecimiento de los hechos" en la causa
que se sigue en España contra los crímenes de la dictadura. Para Pérez Lleira,"Garzón -quien
interrogó a Isabelita en 1997-se equivocó cuando desestimó la posibilidad de investigar los
crímenes anteriores a 1976".
"En la causa que instruye Norberto Oyarbide en Argentina, el juez señala que los crímenes
atribuidos a la Triple A son delitos de lesa humanidad, que no prescriben. Por otro lado, la
Audiencia Nacional de España tiene competencia para juzgar estos delitos, por jurisdicción
universal", agregó Lleira.
Por otro lado, Pérez Lleira sostiene que hay una continuidad entre el accionar de la Triple
A, antes del terrorismo de Estado, lo que denomina "pre-genocidio", y los hechos que investiga
Garzón en España, ocurridos a partir del golpe de Estado de 1976.
"Independientemente de que la cúpula de la Triple A se traslada a España en 1975, ésta siguió
operando en Argentina bajo las órdenes de López Rega y Rodolfo Almirón", asegura Lleida, que cita
como prueba de ello el caso por el que fue solicitada la captura y detención de la ex presidenta
argentina Isabel Martínez de Perón.
El juez federal de San Rafael Raúl Acosta investiga la detención, tortura y derivación a una
cárcel de mayores de un menor de apellido Verón y la desaparición del joven Héctor Aldo Fagetti
Gallego, el 10 de marzo de 1976, días antes del golpe militar que derrocó a Isabelita.
"Todo el trabajo de inteligencia que hizo la Triple A pasó a las Fuerzas Armadas, mientras la
organización se integró a la actividad represiva que esta institución ejerció durante la última
dictadura militar argentina", agregó Pérez Lleira.
Desde su creación, la Triple A ejerció un terrorismo de Estado encubierto que costó la vida a
más de 1.500 personas.