Plan motosierra 2: el Gobierno va hacia la profundización del ajuste

Luis Caputo, el ministro de Economía, eligió el anuncio del entendimiento con el Fondo Monetario Internacional para adelantar que la motosierra de Javier Milei no se despidió de la escena, al contrario: el funcionario, sin señales de preocupación en su rostro, advirtió que habrá medidas económicas más duras en el corto plazo si la ley ómnibus que impulsa el oficialismo cae en desgracia. Una serie de disposiciones que en La Libertad Avanza ya empezaron a tomar forma, con foco en la poda del personal del Estado y en los subsidios al transporte y la energía, con informes en marcha y el FMI dando guiños.

El hombre que está a cargo de la cartera de Hacienda logró en muy poco tiempo entablar una muy buena relación con el jefe de Estado, con quien mantiene charlas diarias. La sintonía llega al punto de que, antes de cada entrevista y aparición pública, se consultan y acuerdan las cuestiones a expresar. Por lo cual, lo que dijo el ministro el miércoles por la noche sobre futuros ajustes si el proyecto que se debate en el Congreso no llega a buen puerto, en medio de la conferencia de prensa con motivo del apretón de manos con el organismo internacional de crédito, no llamó la atención en absoluto del Presidente.

Milei y Caputo se muestran en sintonía y acuerdan cada movimiento del ministro

Es más: como pudo reconstruir PERFIL, Milei comparte la idea de Caputo de que hasta el momento todo lo que se realizó en materia económica se llevó adelante “sin necesidad de implementar un shock fiscal”. Por lo cual, hay margen más que suficiente para seguir recortando el financiamiento del Estado, con varios puntos a atacar. El principal, que ya forma parte de la obsesión del Gobierno, tiene que ver con el personal estatal. Con un ida y vuelta mediante, que tuvo intervenciones del vocero presidencial Manuel Adorni, se van a examinar de manera exhaustiva las horas extras de las personas que trabajan en el Estado. A su vez, se avanzará en el congelamiento salarial, pese a las protestas gremiales, que a esta altura son constantes (mañana se producirá una más en el Centro Cultura Kirchner), y hay 70 mil vínculos contractuales de la administración pública que se renovaron pero solamente por noventa días, de los cuales la gran mayoría terminará sin extensión cuando se produzcan el vencimiento.

Y se espera que muchos que hoy tienen tareas en ministerios y organismos públicos directamente abandonen sus puestos y se vuelquen al sector privado. Como señala ante este medio una fuente de ATE, hoy uno de los sindicatos más combativos con la administración libertaria, el oficialismo está generando toda una serie de incentivos para que el trabajo público no pueda ser una opción a futuro. La poda tiene buenas chances de instrumentarse en la Secretaría de Comunicación, que dirige desde hace semanas el periodista Eduardo Serenellini, que hoy cuenta con 500 empleados y, según dejaron trascender fuentes de LLA, podría funcionar con cincuenta tras una auditoría que se realizó y que llegó a manos del hombre que lidera el Poder Ejecutivo, su jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y Armando Guibert, al mando de la Secretaría de Transformación del Estado y de la Función Pública.

Habrá más información sobre las dotaciones de personal de cada área gubernamental el próximo mes gracias a la Sindicatura General de la Nación, que lidera Miguel Blanco. De acuerdo al Decreto 126/2023, que se dio a conocer el 3 de enero, Milei le dio un plazo de treinta días hábiles a la Sigen para que arme un informe sobre áreas y temas críticos para el funcionamiento de cada organismo.

La subsidios a la energía y transporte público podrían retirarse de un día al otro

“Además, se deben priorizar adecuadamente las decisiones y acciones de las nuevas autoridades, y diseñar, planificar y llevar adelante aquellos cambios y reformas que resulten necesarios”, reza el comunicado oficial sobre las acciones que piensa llevar adelante la gestión Milei, que pretende “contar con la información precisa y adecuada del estado de situación administrativa, patrimonial, financiera y de todas aquellas otras actividades en curso de realización en cada uno de los órganos que componen el sector público nacional”.

Los subsidios a la energía y transporte público también aparecen en la mira del oficialismo. Caputo advirtió que “la gente puede llegar a sufrir más” simplemente porque se podrían retirar, de un día para el otro, aquellas asistencias estatales a empresas de colectivos que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires, lo que generaría una suba automática y muy fuerte del boleto. Hoy, la administración Milei confía en el gradualismo y dispuso de un retiro de fondos paulatino, ocasionando un aumento del pasaje mes a mes.

Una situación similar pasa con los subsidios al gas. El secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, habló de una nueva conceptualización de fondos con un “traslado gradual” del precio del PIST (Punto de Ingreso al Sistema de Transporte) para la “readecuación progresiva” de las transferencias estatales. Esto se traducirá, tal como mencionó el funcionario en audiencia pública, en incrementos de la tarifa en el orden del 33% durante los próximos tres meses. Ese esquema, no obstante, podría mutar de la noche a la mañana y de manera violenta, con un tarifazo para miles de usuarios.

Hay otro dato insoslayable para comprender los movimientos de la motosierra: todos cuentan con el aval del FMI. La sintonía entre Milei y el organismo es más que positiva y él sabe que todo plan que incluya recortes tendrá respaldo total.