La situación del chileno Sergio Galvarino Apablaza Guerra causó hoy una nueva controversia en tribunales, ya que una ONG pidió que se le conceda el estatus de refugiado mientras un abogado envió un petitorio a la presidenta Cristina Fernández reclamando que "deniegue refugio a un presunto terrorista".
Apablaza Guerra integró el antipinochetista Frente Patriótico Manuel Rodríguez y fue procesado por el asesinato del senador Jaime Guzmán de la Unión Democrática Independiente y el secuestro del empresario periodístico Christian Edwards, en 1991 durante la presidencia de Patricio Aylwin.
El martes, la Corte Suprema autorizó su extradición a Chile por entender que los crímenes de los que se lo acusa "son ajenos a la tradicional noción de delito político", aunque resguardó la atribución del Ejecutivo de concederle la categoría de refugiado político, un tema que tiene a estudio desde el año 2004 -por pedido de Apablaza- el Comité de Elegibilidad para Refugiados (Cepare) que depende del Ministerio del Interior.
La Asociación Americana de Juristas (AAJ), encabezada por el ex consejero de la Magistratura Beinusz Szmukler, calificó de "cuanto menos polémica" la decisión de la Corte Suprema de Justicia de conceder la extradición. En ese sentido, recordó que la Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado establece que "ningún refugiado, entendiéndose como incluido en este término al solicitante de asilo cuyo procedimiento de determinación de la condición de refugiado esté todavía pendiente de resolución firme, podrá ser expulsado, devuelto o extraditado a otro Estado".
La AAJ advirtió sobre "el peligro que existe en Chile" respecto del trato que recibiría Apablaza, "tal como lo evidencia el encarcelamiento por aplicación de la 'ley antiterrorista' a decenas de mapuches, que se han visto obligados al extremo de una huelga de hambre ante la vulneración de todas las garantías de la defensa en juicio y el principio de inocencia".
El organismo tildó a Apablaza de "luchador antidictatorial, acusado de un crimen que no cometió y sin garantías de un proceso imparcial en el país requirente", por lo que pregonó que se le conceda refugio.
Como contrapartida, la ONG Defendamos Buenos Aires, encabezada por el abogado Javier Miglino, anunció el envío de un petitorio a la Presidencia para que "conceda la extradición a Chile y no refugie al presunto terrorista trasandino". "Nos preocupa sobremanera que un presunto terrorista, acusado de homicidio y secuestro en Chile camine tranquilamente por nuestras calles. El primer derecho humano es el Derecho a la Vida", señaló en el escrito.
Al solicitar que Apablaza sea extraditado, la organización consideró: "De esa manera estaríamos llevando tranquilidad y justicia a una sociedad porteña atribulada por los constantes ataques políticos que sufre y por la temible inseguridad que mata día a día personas, sueños y esperanzas".
Por su parte, el presidente de la UCR, Ernesto Sanz, consideró que el Gobierno debería "conceder inmediatamente la extradición" de Apablaza Guerra y evaluó que otorgarle el estatus de refugiado político le haría "muy mal a las relaciones internacionales". "Apablaza cometió un delito común en Chile, lo ha reconocido la justicia de Chile. Lo quiere juzgar por un delito común que no tiene nada que ver con la política", sostuvo Sanz.
"En Chile, los organismos de derechos humanos, el oficialismo y la oposición coinciden en que institucionalmente se pida la extradición. La Corte Suprema argentina también coincide. El Gobierno siempre a contramano de todo lo que piensa la mayoría", se quejó el dirigente radical.
El pedido de extradición de Apablaza Guerra -acusado del homicidio de un senador y el secuestro de un empresario ocurridos en 1991- fue comentado directamente a la presidenta Cristina Fernández por su colega trasandino Sebastián Piñera, cuando ambos se reunieron el sábado en Santiago de Chile para celebrar el Bicentenario del vecino país.
Fuente: DyN.
