Abogados de entidades de derechos humanos reclamaron la inmediata
remoción del fiscal santafecino
Claudio Palacín. En el otro extremo ideológico, letrados vinculados a militares
aplaudieron su posición.
default |
Cedoc
La decisión de un fiscal santafesino
de considerar crimen de lesa humanidad el asesinato del coronel Argentino del Valle
Larrabure, cometido por el
ERP en 1975,
desató ayer una polémica en la que abogados de entidades de derechos humanos pidieron la
remoción del fiscal, mientras desde el sector militar se escucharon voces de apoyo.
El abogado
Rodolfo Yanzón, quien fue defensor del fallecido jefe del Ejército Revolucionario
del Pueblo
Enrique Gorriarán Merlo, dijo que si el fiscal Claudio Palacín
"dictaminó en estos términos, es imposible que siga en su cargo".
El letrado,
abogado de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), reclamó, al
hablar con la prensa, que al menos
"se le inicie un sumario porque lo que está haciendo excede el marco de sus funciones".
En tanto, el abogado defensor de derechos humanos
Marcelo Parrilli dijo que
"en primer lugar no es un crimen de lesa humanidad, porque se califican así a los cometidos
por los aparatos del Estado o aparatos de poder que ocupan el Estado, por lo que es una vieja
discusión ya saldada". Parrilli dijo a DyN que
"desde el punto de vista ideológico refleja una ideología similar a la de los peores
representantes de la dictadura, que sostuvieron siempre que estábamos en presencia de delitos de
lesa humanidad (de las organizaciones guerrilleras), como cuando ya sabemos que no lo fueron".
El fiscal, dijo Parrilli, "tiene que ser removido, pero como ese fiscal hay muchos
otros en el país, como Juan Martín Romero Victorica o el ex juez federal de la dictadura Pedro
Narváez, que están en Casación".
En tanto,
Juan Aberg Cobo, amigo y abogado del capitán naval
Alfredo Astiz, acusado de numerosos crímenes en la dictadura, expresó a DyN que
"me parece muy bien y correcto el dictamen de Palacín porque responde a la verdad".
"La subversión en los años '70 era financiada por Cuba y la Unión Soviética, de manera tal
que sus crímenes deben ser interpretados como terrorismo de Estado", expresó Aberg Cobo.
Además, afirmó que ese criterio
"tiene que tener su correlato en el resto de los casos y también trasladarlo a Montoneros,
el resto del ERP y toda la banda terrorista de esa época, y a todos los que hoy son funcionarios,
como (Carlos) Kunkel, (Miguel) Bonasso, (Nilda) Garré y demás yerbas, incluso al actual Presidente
de la República".
Miguel Angel Arce Aggeo, ex abogado del dictador Emilio Massera, avaló la postura
del fiscal y aseveró que
"las posiciones más modernas en el mundo están variando la postura frente al delito de lesa
humanidad y las están ampliando a las organizaciones terroristas que operan de manera autónoma,
fuera del aparato del Estado".
"El ejemplo más claro es Al Qaeda (la organización de Bin Laden), pero el origen es en los
años '70 con los grupos revolucionarios financiados por Libia", dijo a DyN. Y añadió que
"esos grupos tienen una operatividad tan grande que son más poderosos que el ejército de un Estado
chico".
"Decir que el delito de lesa humanidad no contempla a organizaciones terroristas es una
posición antigua; el ejemplo más claro es el de Al Qaeda el 11 de setiembre de 2001, donde se
destruyó el centro comercial más grande del mundo y se mató a casi cinco mil personas en una
hora", ejemplificó.
Añadió que "a partir del Estatuto de Roma, es claro que toda actividad tendiente a destruir
grupos indeterminados de personas puede considerarse delito de lesa humanidad.
Sostener que no es lesa humanidad es prácticamente estar enceguecido
jurídicamente".
