La alarma se encendió en la madrugada del 25 de octubre. Sobre el final de una agitada sesión en la que se dio media sanción al Presupuesto, la Cámara de Diputados quedó muy cerca de avanzar con el tratamiento de la modificación del régimen del Impuesto a las Ganancias para que magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal comiencen a tributar. Casi de inmediato comenzó un silencioso pero poderoso lobby para lograr que el tema ya no sea tratado hasta 2019. El objetivo está a punto de cumplirse y en el Congreso lo atribuyen, en parte, a que en la última semana se registraron distintas movidas para cerciorarse de que no se tratará en sesiones ordinarias.
“Macri no se va a comprar un problema con la Justicia en un año electoral”, razonaron a PERFIL fuentes del oficialismo, que si bien reconocen que la iniciativa estuvo motorizada por el jefe del radicalismo, con el posterior aval del ministro de Justicia, Germán Garavano, también marcan que en una visión más amplia con el horizonte en octubre del año próximo, no sería conveniente sumar un nuevo frente de conflicto para el Gobierno.
El texto fue presentado por los diputados de la UCR, encabezados por el mendocino Luis Borsani, y reunió algunas otras firmas como las de Graciela Ocaña y los macristas Javier Pretto, Yanina Gayol y Sebastián Bragagnolo.
El último martes, representantes de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM), que reúne a asociaciones y colegios de magistrados y funcionarios de los poderes judiciales de las distintas provincias y la Ciudad de Buenos Aires –que no tienen competencia federal–, mantuvieron un encuentro con el secretario general de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación (UEJN), Julio Piumato, quien el jueves motorizó un paro nacional en repudio.
La excusa fue el análisis de temas vinculados al fortalecimiento y la independencia judicial, pero sobre el final emitieron un documento en el que advirtieron que “la modificación legislativa intempestiva del régimen de Ganancias, se traduce en una afectación confiscatoria de los haberes de los prestadores del servicio de justicia y constituye un avance sobre la independencia judicial”.
Para reforzar su postura, argumentaron que “la garantía de intangibilidad de las remuneraciones no constituye un privilegio sectorial ni mucho menos personal de los magistrados y funcionarios judiciales”.
El miércoles, la movida continuó en el Congreso, donde la diputada de Unidad Ciudadana Vanesa Siley, secretaria general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales de la CGT, recibió a referentes de la FAM y de la Federación Judicial Argentina, enrolada en la CTA, donde también marcaron su rechazo y vincularon la movida con un “objetivo político de injerencia y condicionamiento del Poder Judicial”. Según confirmaron a PERFIL fuentes del ámbito judicial, referentes de la FAM también se reunieron ese día con el presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, a quien le llevaron su preocupación por la posibilidad de que avance el tema en el Congreso.
De acuerdo al Presupuesto 2019, la eximición del Impuesto a las Ganancias para jueces y funcionarios costará casi $ 10 mil millones
Paritaria. La disputa se da en paralelo a las negociaciones para lograr un refuerzo de la paritaria que superaría el 45% en todo 2018 –una cifra muy cercana a la expectativa de inflación real–, si el Gobierno accede a otorgar dos nuevos aumentos de 10% para los meses de octubre y noviembre, que se sumarían a otros dos brindados en la primera etapa del año y a un plus de 5% correspondiente a la paritaria 2017 pero que se cobró de manera efectiva en enero. El nuevo desembolso solicitado es de $ 1.400 millones para el Consejo de la Magistratura y de otros $ 205 millones destinados a la Corte Suprema.
De acuerdo al Presupuesto 2019, la eximición del Impuesto a las Ganancias para jueces y funcionarios costará casi $ 10 mil millones, luego de que en 2018 ya dejara de recaudar más de $ 7.300 millones.
Negociaciones. El proyecto del radicalismo apuntaba a incorporar en el Presupuesto la obligación de que todos los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal comiencen a tributar Ganancias, aunque en el ámbito parlamentario se baraja una alternativa más sencilla que es la derogación de una acordada de la Corte Suprema que se dictó en 1996 para frenar una autorización del Congreso al Poder Ejecutivo para suspender diversas exenciones.
En ese entonces, la justificación fue que la norma era inaplicable sobre la base del principio constitucional de que sueldos e ingresos de los jueces no pueden ser disminuidos. La derogación de la acordada fue la propuesta que realizó el jefe del bloque justicialista en Diputados, Pablo Kosiner, quien ya presentó en tres oportunidades una iniciativa en ese sentido. El freno lo puso la diputada cordobesa Alejandra Vigo, que reconoció la importancia del tema pero consideró que no era conveniente tratarlo con ese apuro y finalmente fue escuchada.
Pese a que el jefe del bloque del PRO, Nicolás Massot, marcó en varias oportunidades la voluntad del interbloque de Cambiemos por avanzar con modificaciones en el régimen para los judiciales, lo cierto es que ya casi no queda lugar en la agenda parlamentaria para realizar una discusión en comisión y un posterior tratamiento en el recinto, que debería ser el miércoles 21 de noviembre. “Si todavía estamos aquí sentados con quórum y con esta voluntad, nada nos impide sacar un dictamen de comisión para tratarlo en el recinto en las próximas semanas”, dijo Massot esa madrugada, aunque por ahora no se registró ninguna convocatoria. La única vía posible para el tratamiento sería a través de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el macrista Pablo Tonelli, pero el inminente cierre del año legislativo dejaría al tema fuera de agenda.
Para el año próximo, una de las variantes podría ser una modificación del régimen con aplicación recién en 2020 y la otra consistiría en un cambio simbólico que afectaría solo a jueces y funcionarios, pero no a los empleados que, en rigor, son los que aportarían el grueso del dinero que pretende recaudar el Gobierno.
La Corte Suprema debe definir. En 2016 se aprobó la Ley 27.346, que dispuso el pago del Impuesto a las Ganancias a “magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias y del Ministerio Público de la Nación, cuando su nombramiento hubiera ocurrido a partir del año 2017, inclusive”.
La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (Amfjn) solicitó que se declare inconstitucional la norma y pidió que se dicte una medida cautelar
Sin embargo, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (Amfjn) solicitó que se declare inconstitucional la norma y pidió que se dicte una medida cautelar. A esa causa pidió sumarse la Federación Argentina de la Magistratura (FAM), con amplia representación de los jueces del interior. El Estado apeló esta medida y la Corte Suprema de Justicia de la Nación fijó para el próximo 20 de noviembre la fecha para definir sobre la cuestión. Sin embargo, fuentes judiciales adelantaron que con esa resolución no habrá un pronunciamiento de fondo sobre el pago del Impuesto a las Ganancias para los trabajadores judiciales.
Al respecto, el ministro de Justicia, Germán Garavano, expresó que “lo que queda por delante es ver si esto se extiende al resto de los jueces y de qué modo”, en referencia a quienes fueron nombrados antes del 1° de enero de 2017.
Garavano ya se había mostrado a favor de que los jueces paguen el impuesto.
