Tras dos años desde el inicio de las primeras sospechas, ex funcionarios kirchneristas y empresarios de cuatro constructoras deberán rendir cuentas por el supuesto pago de sobornos para direccionar la licitación pública del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento. Desde el diputado suspendido y ex ministro de Planificación, Julio De Vido, hasta los empresarios Marcelo Odebrecht y Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, están en la lista de los 49 imputados que deberán declarar en indagatoria.
El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi citó a otros 22 ex funcionarios del área de De Vido, incluyendo a los ex ministro de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi; Roberto Baratta, ex subsecretario de De Vido; José López, ex secretario de Obras Públicas; y el ex asesor y testaferro de Jaime, Manuel Vázquez. La lista incluye también ocho ejecutivos de Iecsa (incluido su ex dueño y personas desvinculadas), diez miembros de Odebrecht (incluido su dueño); dos de la empresa española Comsa; cuatro ejecutivos locales de la italiana Ghella; y dos de los señalados como intermediarios en las supuestas coimas. Uno de ellos es el empresario Jorge “Corcho” Rodríguez.
Este caso es el primero que involucra a Odebrecht y a sus socias locales que logra avanzar en indagatorias por el presunto pago de coimas. En otras dos causas, los jueces Sebastián Casanello y Daniel Rafecas avanzaron sobre el direccionamiento de otras dos obras (una planta de Aysa en Tigre y la ampliación de los gasoductos de 2006-2008) y posibles irregularidades en las licitaciones.
Es también la primera vez que se cita al brasileño Marcelo Odebrecht a declarar como imputado, algo que, con dificultades legales, el juez intentará realizar vía exhorto (ver página 3), y es el primer capítulo del Lava Jato local que trasciende a los imputados kirchneristas y toca directamente a la familia de Macri.
Calcaterra fue un socio clave de Odebrecht en el país, y hasta 2011-2013 estuvo al mando de la relación con los ex funcionarios de Néstor y Cristina Kirchner. Luego, fue la brasileña la que tomó el mando de las negociaciones, de acuerdo con la investigación del fiscal Franco Picardi.
El caso es clave para el Gobierno, no solo porque toca directamente al primo del Presidente. La obra está aún en ejecución y en los próximos meses deberán declarar ejecutivos de la constructora Ghella, que integra desde 2008 el consorcio empresario que se quedó con la obra y que actualmente es la única a cargo de terminar el soterramiento del ferrocarril.
El fiscal había pedido las indagatorias en diciembre. Entonces, también solicitó al juez que embargue de forma preventiva a los imputados. El magistrado dejó “en abstracto” este último pedido.
PERFIL publicó en junio de 2017 cómo la obra del Sarmiento había mutado de una licitación por US$ 889 millones a un contrato por US$ 3 mil millones, gracias a las modificaciones en la ingeniería del proyecto y adendas que las empresas habían logrado imponer. Un trabajo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) demostró, según el juez, que las pautas del contrato habían sido controladas por los empresarios y no por el Estado. Además detalló cómo los funcionarios alteraron fechas y reglamentos administrativos para garantizarle a este consorcio la licitación, sin competencia. Esos beneficios habrían sido garantizados mediante el pago de sobornos a los funcionarios.
En cuanto a las supuestas coimas, Martínez De Giorgi describió dos rutas para efectuar los pagos: algunos quedaron asentados en cheques que durante meses Iecsa y Comsa libraron a una empresa de Vázquez, asesor del entonces ministro Jaime, por supuestos servicios de “consultoría” (ver detalles en el recuadro). Otros fueron canalizados mediante transferencias bancarias entre sociedades offshore y ejecutados por la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, también conocida como el “departamento de coimas” de la constructora brasileña.
El juez sumó el testimonio de un ejecutivo de Odebrecht. Se trata de los detalles relatados por Luiz Antonio Mameri, quien enumeró en Brasil la lista de los intermediarios en el pago de sobornos (ver página 4).
Los pagos de Iecsa y Comsa a un asesor de Ricardo Jaime
Una de las formas de canalizar las supuestas coimas de las empresas a los ex funcionarios en pos de garantizarse la licitación del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento fue a través de un contrato con la empresa consultora de Manuel Vázquez, entonces asesor y testaferro del ministro de Transporte Ricardo Jaime. Los pagos mensuales se hicieron a través de cheques y quedaron también asentados en facturas comerciales. Las constructoras Iecsa y Comsa fueron las que pagaron a Vázquez por supuestos servicios de “consultoría”. La primera factura de la consultora de Vázquez a Iecsa se emitió el 13 de diciembre de 2005 por $ 10 mil. Dos semanas después, el Ejecutivo firmó el decreto 1.683/2005 aprobando el programa de obras que incluía la realización del soterramiento.
El pago se repitió treinta veces. Cada uno desembolsaba $ 10 mil –unos US$ 2 mil de ese momento– por supuesto asesoramiento de Vázquez en Brasil. En total, facturó $ 300 mil a Iecsa. Para el fiscal del caso son $ 600 mil.
Mientras Iecsa realizaba esos pagos, su socia española, Comsa SA, comenzó a contratar a la consultora de Vázquez unas semanas después y hasta noviembre de 2010. La primera factura está fechada el 26 de enero de 2006 por el total de $ 36.300. Incluso firmaron un contrato. Vázquez le facturó $ 263.097.
La empresa habría servido de pantalla para canalizar parte de las coimas destinadas a Jaime. Todos los clientes de la consultora eran contratistas del Estado, justamente en el área de Jaime. Fue solo una de las formas utilizadas por el asesor de Jaime para canalizar coimas como pagos hormiga, divididos en pequeños montos.
