Luego de dos intentos fallidos de extraditar a la ex presidenta "Isabel", la Justicia argentina tiene una nueva chance surgida de causas que la imputan como responsable máxima del "Operativo Independencia" y de las muertes allí ocurridas. Los más de 150 expedientes, que ahora salen a la luz tras la investigación de Perfil.com, la involucran como "coautor" de un centenar de crímenes y desapariciones.
En el marco de más de un centenar de causas en las que se investiga la desaparición de personas en Tucumán, la Justicia federal imputó como "coautor mediato" a María Estela Martínez de Perón. De esta manera, el Juzgado Federal Nº 1 local podría solicitar una nueva extradición para "Isabel".
Perfil.com pudo acceder a uno de estos "requerimientos de instrucción" en donde el fiscal Emilio Ferrer, de la Fiscalía Federal Nº 1 de Tucumán, solicitó que se llame a prestar declaración indagatoria a todas las personas imputadas por "secuestro y desaparición" de personas.
La "Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por violaciones a los Derechos Humanos" reveló a este medio que en total se registran más de 150 requerimientos de instrucción, los que se fueron imputando a "Isabel" en los últimos años. En las causas se fueron tomando medidas procesales para probar los hechos y profundizar la investigación.
En ese contexto se determinó que "María Estela Martínez Cartas de Perón" hizo dos visitas a Tucumán y estuvo en los Centros Clandestinos de Detención de Famaillá y Santa Lucía. "La idea que impulsa la Unidad Fiscal de Coordinación y en la que está trabajando la fiscalía de Tucumán es reagrupar todos estos casos en una sola presentación", expresaron desde el Ministerio Público a Perfil.com.
La investigación penal promovida apunta a los crímenes y hechos acontecidos en el marco del llamado "Operativo Independencia", el cual "fue puesto en marcha mediante el decreto 261/75", firmado por "Isabel" -así llamada en su su etapa artística- y por los ministros.
La viuda del ex presidente Juan Domingo Perón "fue la que impartió las órdenes de neutralizar y/o aniquilar los grupos subversivos, permitiendo mediante la emisión de esa y otras directivas ilegales la comisión masiva de delitos como los que forman parte de la presente instrucción por parte de las fuerzas armadas y de seguridad", consigna el texto.
Tal como expresa el requerimiento, el artículo del decreto ordenaba: "El comando General del Ejército procederá a ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán".
A Isabel la acompañaron como co-rresponsables: Adel Edgardo Vilas, Carlos Delia Larrocca, Roberto José Ruveda, Ernesto Arturo Alais, Hugo Enzo Soto, Jorge Omar Lazarte, Néstor Rubén Castelli, y Raúl Alberto Palomo. A todos se les imputa el delito de "homicidio" y el de "asociación ilícita", por el cual el juez federal Nº 1 de Tucumán Raul Daniel Bejas, quien no rechazó la solicitud, podría solicitar la extradición a la Justicia Española para decidir o no su procesamiento.
No obstante, fuentes de la Unidad Fiscal explicaron a Perfil.com que se trata de un camino difícil "teniendo en cuenta las anteriores medidas dictadas por la Audiencia Nacional de España". La Sala Penal de dicho tribunal rechazó en 2008 los pedidos de extradición pretendidos tanto por el juez Norberto Oyarbide y por el juez Héctor Fagetti de San Rafael.
Ambas causas se encuentras paralizadas. Fagetti había pedido a Interpol la captura internacional de la ex presidenta en el marco de la investigación de la desaparición de un estudiante en febrero de 1976, antes del golpe de Estado. Mientras que el juez federal Oyarbide indagaba acerca del accionar de la Triple A.
En diálogo con Atilio Neira, abogado penal de la ex mandataria, replicó: "No entiendo por qué las causas siguen abiertas, luego del análisis de la Justicia española. Las causas no tienen ningún tipo de movimiento".
En el "Operativo Independencia", de un año de duración, se asesinaron a 304 personas en la provincia de Tucumán. Antonio Bussi fue el último comandante a cargo de la operación, en reemplazo de Vilas. Según la Comisión Bicameral Investigadora de las Violaciones a los Derechos Humanos de Tucumán, tres de cada cuatro víctimas fatales eran obreros o peones rurales.
