Las sospechas sobre el presunto otorgamiento indebido de programas Potenciar Trabajo a personas que no aptas para acceder al beneficio social exceden los límites del Área Metropolitana. Es que en la provincia de La Rioja, una fiscal pidió a la Justicia que se investiguen más de mil casos en los que se habría accedido ilegalmente al cobro de esos fondos.
La presentación judicial se dio en un contexto en el que en múltiples causas se investiga la situación de presunta irregularidad. Y ahora se sumó un requerimiento de la fiscal federal riojana María Virginia Miguel Carmona, que sostiene que unas 1.060 personas habrían cobrado fondos del programa social sin estar calificadas para hacerlo.
El pedido de la jueza estuvo dirigido al juez Daniel Herrera Piedrabuena, para que ponga bajo la lupa a trabajadores y trabajadoras del gobierno provincial que habrían cobrado. Le pidió, además, que sean llamados a declaración indagatoria por el delito de defraudación en perjuicio de la Administración Pública.
En ese marco, de acuerdo al pedido reflejado en el portal del Ministerio Público Fiscal, Carmona también pidió que se individualice a los funcionarios provinciales y nacionales que pudieron haber intervenido en el proceso de otorgamiento del beneficio.
Para la funcionaria del Ministerio Público los funcionarios habrían infringido la normativa que impide el otorgamiento del programa "a quienes no cumplan con los requisitos legales establecidos, en tanto debieron haber llevado el control y seguimiento correspondiente".
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Además, dijo que deberían haber evitado lo que es "un perjuicio económico para el Estado Nacional" y también que el dinero destinado a tal fin sea acreditado efectivamente a aquellos que realmente lo necesitan para subsistir".
Potenciar Trabajo, en la mira
Como se mencionó, el requerimiento se dio en el marco de una serie de investigaciones judiciales que apuntan a esclarecer situaciones similares en varios puntos del país. La principal la lleva el fiscal federal Guillermo Marijuán, titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Relativos a la Seguridad Social (Ufises).
En el marco de esa causa también se habían detectado supuestas maniobras ilegales por parte de beneficiarios del programa que a la vez eran empleados del Gobierno de la Provincia de La Rioja. Se puso establecer ahí que los pagos que salían de las arcas del Estado nacional habrían sido por un total de $82.580.000.
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Así las cosas, ahora la fiscal pidió al juez que habilite la feria judicial para avanzar en el caso y que citar a declarar a las 1.060 personas a las que les achaca el supuesto cobro ilegítimo. Pidió pruebas y le solicitó al juez que le pida al Ministerio de Capital Humano que suspenda el otorgamiento de los planes cuestionados.
Vale recordar, además, que meses antes del cambio de gobierno el fiscal Marijuan descubrió que 160 mil beneficiarios del plan Potenciar Trabajo que viajaron al exterior. La nueva gestión había prometido eliminar esta polémica asignación de planes, sin embargo, sólo dieron de baja 4500 planes y el resto sigue cobrando.
Planes dados de baja
Esta "inacción" sobre el caso luego de los primeros 25 días de gestión de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello y del secretario de Desarrollo Social, Pablo De la Torre, comenzó a generar por un lado sospechas sobre si el resto de los beneficiarios de ese listado de 160 mil son o no efectivamente legítimos beneficiarios o si hay otro tema que estaría trabajando la baja.
Lo cierto es que la semana pasada el ministerio suspendió el pago a 4588 beneficiarios. Mientras tanto, se calcula que estos 160 mil planes de 66 mil pesos cada uno suman algo más de 10 mil millones de pesos al mes.
AS/fl
