El Gobierno y la CGT oficial se aliaron en un intento por frenar el efecto de tres fallos de la Corte Suprema contra el modelo sindical, que fortalecieron a los gremios de izquierda y opositores a los popes gremiales más poderosos.
La idea se plasma en un proyecto de decreto presidencial para regular a los gremios que la Corte Suprema enalteció con sus decisiones. El decreto tiene todavía varias versiones y está bajo siete llaves, a la espera de la aprobación final. En la CGT oficial admitieron a PERFIL que sus principales abogados participaron en la elaboración de los escritos y en el estudio de los fallos de la Corte. Los técnicos buscaron los “huecos” de las sentencias para elaborar un decreto que ponga reglas y trabas a los gremios simplemente inscriptos que intentan competir con los gremios con personería gremial.
“Es para que no se desbande el escenario gremial, que creemos que podría comenzar a suceder de acá a un año”, aseguró uno de los involucrados. El proyecto está a cargo de la viceministra de Trabajo, Noemí Rial –una de las mujeres que mejor conoce la historia, trampas y vericuetos legales del gremialismo– y de cinco abogados de la central obrera que dirige Antonio Caló.
La Corte Suprema ya emitió tres fallos contra el modelo sindical. El propio Caló salió al cruce cuando declararon la inconstitucionalidad de la representación exclusiva de los trabajadores por parte de los gremios con personería gremial. El metalúrgico dijo que el nuevo escenario “provocará una anarquía sindical que perjudicará tanto a los trabajadores como a las empresas”.
En tanto, la CTA opositora también presentó su proyecto de ley, justamente contrario al que elabora el Gobierno. Horacio Meguira, abogado de la central, dijo a este diario que el proyecto “lleva los fallos de la Corte al papel”, ya que “apunta a derogar el sistema de personería gremial”.
