El empresario Roberto Jaime Erusalimsky, el único de implicados en la causa conocida como “la ruta del dinero k” que no llegó a juicio, volvió a ser procesado -sin prisión preventiva- por el juez federal Sebastián Casanello, por una operación de compra y venta de una estancia en Mendoza.
Erusalimsky fue procesado en agosto de 2017. El 25 de octubre de ese mismo año, los miembros de la Sala II de la Cámara de Apelaciones, Eduardo Farah y Martín Irurzun, confirmaron todos los procesamientos que pidió el juez federal Sebastián Casanello, entre ellos el de Lázaro Báez, Carlos Molinari, Federico Elaskar y Leonardo Fariña, excepto el de Erusalimsky, quien fue sobreseído “por falta de pruebas”.
Contra esa medida, una de las querellas interpuso un recurso en Casación. En esa instancia, el juez Gustavo Hornos votó revocar el sobreseimiento; pero los otros dos integrantes de la Sala IV, Mariano Hernán Borinsky y Juan Carlos Gemignan, optaron por dictar la falta de mérito.
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Así, el caso de Erusalimsky regresó al despacho del titular del Juzgado Federal N°7, quien resolvió volver a procesarlo con nuevas pruebas: testimonios vertidos en el proceso penal abierto contra Fariña por fraude tributario, en La Plata.
También, el magistrado pone de relevancia en el nuevo procesamiento la importancia de la conversación telefónica entre el contador y el empresario, difundida por los medios, en la que Fariña pronuncia la frase “90 físicos”, en relaciones a millones que proponía a su interlocutor mover entre bancos extranjeros, en lo que resulta para la justicia, una clara maniobra de lavado.
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Erusalimsky, que además de empresario es médico, es señalado en la causa que investiga Casanello por una operación inmobiliaria en particular: la compra la estancia “El Carrizalejo”, en Mendoza. El juez y el fiscal Guillermo Marijuan creen que se trató de una maniobra de blanqueo realizada para Lázaro Báez.
En el procesamiento, al que tuvo acceso PERFIL, Casanello explica: “La adquisición -en comisión- por parte de Fariña de aproximadamente 3.600 hectáreas ubicadas en Tupungato, provincia de Mendoza (las cuales en conjunto conforman la estancia denominada “El Carrizalejo”), propiedad de Juan Carlos Schiappa de Azevedo y la firma La Casa del Bermejo S.A. (también perteneciente a este último), operación que se documentó como concretada con fecha 16 de diciembre de 2010 por un valor de U$S 5.000.000; y su posterior venta, con fecha 21 de diciembre de 2012, por parte de Fariña –luego de que ese mismo día se realizara una transferencia de dominio a su nombre- en favor del propio Erusalimsky por un valor documentado de U$S 1.800.000 -un monto aproximadamente 64% menor”.
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“La compra de la estancia “El Carrizalejo” inaugura la aplicación de fondos ilícitos por parte de Leonardo Fariña, operación que formó parte de un amplio esquema de blanqueo de dinero proveniente de ganancias ilícitas obtenidas por Lázaro Báez y su grupo empresarial”, considera el magistrado.
“La compra de la estancia “El Carrizalejo” inaugura la aplicación de fondos ilícitos por parte de Leonardo Fariña, operación que formó parte de un amplio esquema de blanqueo de dinero proveniente de ganancias ilícitas obtenidas por Lázaro Báez y su grupo empresarial”, consideró el magistrado.
“El difuso perfil empresarial de Leonardo Fariña y las sospechas en torno a su fortuna; las sombrías relaciones comerciales que lo unían a Erusalimsky -donde se destaca la conversación en la cual hablaron lisa y llanamente de blanquear 90 millones de dólares de origen sospechoso-; la maniobra contable empleada por Erusalimsky para justificar la disponibilidad de dinero líquido “en blanco” al momento de afrontar la compra de la estancia; la adopción de una vía de pago -en efectivo y en dólares- por fuera de lo establecido en la normativa aplicable y la falta de testigos al momento del pago, son todos elementos que, analizados en conjunto, permiten afirmar que el nombrado Erusalimsky tenía pleno conocimiento de las distintas circunstancias sospechosas que rodearon el momento inicial de la maniobra de lavado de activos en la que participó y que, como resultado, contribuyó a alejar el campo de los fondos ilícitos aplicados por Fariña en su adquisición”, detalla el juez.
Además de procesarlo, Casanello ordenó el embargo sobre sus bienes y dinero por 780.500.000 de pesos y le prohibió la salida del país.
CDL EA
