Veinticinco empleados públicos del Ministerio de Interior y Transporte de la Nación durante el kirchnerismo fueron procesados y embargados por la supuesta apropiación de 50 millones de pesos donados por la ONU para el desarrollo.
Fuentes judiciales informaron hoy que el juez federal Claudio Bonadio resolvió los procesamientos por los supuestos delitos de "defraudación contra la administración pública" y "lavado de activos", a la vez que dispuso embargos de dinero más bienes y, para algunos, hasta prohibiciones de salir del país.
La lista de encausados está encabezada por los ex ejecutores dentro del ministerio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Esteban Pablo Sáenz Rico, María de Lourdes Giménez y Héctor Damián Mazza, más otros 22 ex empleados de la cartera en la época en que la dirigía Florencio Randazzo.
El propio Randazzo había radicado la denuncia penal en 2013, a partir de dos auditorías, una dispuesta por el PNUD y la otra por el Ministerio, lo cual dio origen a esta causa penal.
"En el marco del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) desviaron en provecho propio y/o de terceros aproximadamente cincuenta millones de pesos ($ 50.000.000), en el período comprendido entre abril del año 2009 y mayo de 2013 aproximadamente", sostuvo el juez.
Los procesados se desempeñaban en la Unidad Ejecutora de Proyectos (UEP), que tenía acceso a cuentas bancarias, cuyos fondos debían ir destinados a planes de modernización en el Registro Nacional de las Personas, el Archivo General de la Nación y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Se le imputa a Pablo Vecchio, Ignacio Magnaghi, Raúl Esteban Alexis Martínez, Gustavo Ariel Speri, Lucas Martínez, Gastón Pascal, Claudio Mariano Fente, Germán Gabriel Chávez, Andrés Heinrich, Horacio Gustavo Delfino, Pablo Martín Di Rosso, Marina Graciela Jorge, Santiago Erroz, Sebastián Ariel Marra, Héctor Damián Mazza, Esteban Pablo Sáenz Rico y María de Lourdes Giménez haber participado de los distintos actos abusivos e infieles a través de los cuales, los nombrados, en su carácter de empleados del Ministerio del Interior y Transporte (MIyT) en el marco del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) desviaron en provecho propio y/o de terceros aproximadamente cincuenta millones de pesos ($ 50.000.000), en el período comprendido entre abril del año 2009 y mayo de 2013 aproximadamente, dijo el juez.
Según la resolución, los imputados "tenían a su cargo el manejo y el cuidado del dinero de los proyectos mencionados", eran "quienes desarrollaban las contrataciones" y "abusando de sus cargos dentro de la UEP, desviaron en provecho propio o de otras personas el patrimonio asignado".
"Se apropiaron de los fondos desviándolos a familiares o bien a personas que habían trabajado en la UEP utilizando para ello la función que tenían de administradores del dinero de los distintos programas indicados, simulaban contrataciones por bienes o servicios", afirmó Bonadio.
Según dijo, "no hay duda que participaban de la maniobra conociendo que la operatoria que realizaban era ilegal ya que cuál era la razón para que cobraran el dinero que le correspondía a un tercero por una supuesta contratación por servicios prestados o bienes adquiridos".
Y añadió que los imputados "participaron activamente del fraude porque ellos al trabajar en el lugar participaban en el falso ingreso de los bienes al proyecto que les correspondía y daban el visto bueno por el servicio inexistente por el que se pagaba".
